El operativo conjunto con fiscales del trabajo se realizó en Uruguaiana, ciudad fronteriza con Argentina y localizada en el estado de Río Grande do Sul, el mismo en el que a finales de febrero fueron rescatados otros 207 trabajadores rurales en las mismas condiciones.
Los rescatados este viernes, de acuerdo con un comunicado de la Policía, eran todos del sexo masculino y 10 eran adolescentes entre 14 y 17 años de edad.
Según la información, los trabajadores que no tenían garantías laborales y eran oriundos de la región hacían el corte manual de arroz y aplicaban agrotóxicos y venenos en los cultivos sin ninguna protección ni equipos adecuados.
Uno de los empleadores fue detenido y la Justicia laboral entró con un proceso para que los trabajadores reciban las garantías e indemnizaciones estipuladas por la ley.
El pasado 22 de febrero, una operación conjunta del Ministerio Público del Trabajo y la Policía rescató a 207 personas de entre 18 y 57 años de edad que trabajaban en la vendimia en condiciones análogas a la esclavitud, en el municipio de Bento Gonçalves.
Este mismo viernes, las vinícolas Aurora, Garibaldi y Salton, tres de las más importantes de Brasil, fueron condenadas a pagar una multa de 7 millones de reales (1,3 millones de dólares) por emplear en sus tierras a esos trabajadores contratados por una tercera empresa.
La mayoría de los empleados eran negros y provenían del estado de Bahía, en la empobrecida región noreste de Brasil.
La empresa responsable por las contrataciones es Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde" que a su vez prestaba servicio a las vinícolas investigadas, que son de las mayores de Brasil.
La Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil) suspendió la participación de Aurora, Garibaldi y Salton en ferias o eventos comerciales internacionales "hasta que concluyan las investigaciones de las autoridades competentes".
El acuerdo firmado la noche del jueves entre las tres empresas y la Fiscalía del Trabajo establece 21 obligaciones, entre ellas fiscalizar todas las empresas con las que tengan negocios en la cadena productiva del vino.
Al acuerdo no se sumó la empresa tercerizada responsable por las contrataciones, que "no reconoció las acusaciones" presentadas por la Fiscalía y enfrentará un proceso en tribunales.
Por el momento, la Justicia ya ordenó el embargo de 3 millones de reales (580.000 dólares) en bienes de la compañía.