La Cámara de Casación redujo a 10 años de cárcel la pena para Báez, que hace un año había sido condenado por un tribunal oral a 12 años de prisión por lavado de dinero -54,8 millones de dólares- obtenido a partir de contratos de obra pública adjudicados durante los Gobiernos kirchneristas.
Según el fallo, se comprobó "la conformación de una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero" donde "se canalizaron, transfirieron, disimularon, ocultaron y se pusieron en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita" entre 2010 y 2013.
Pero el tribunal de alzada determinó, en un fallo dividido, que la obra pública no fue el delito precedente para el lavado de dinero.
La Cámara de Casación también confirmó la condena de otros imputados en esta causa, pero absolvió a Melina Soledad Báez y a Luciana Sabrina Báez, hijas de Lázaro Báez, por no haberse acreditado sus participaciones en los delitos.
Por otra parte, el tribunal confirmó la imposición de multas por 328,8 millones de dólares y el decomiso de activos por 65 millones de dólares a los condenados y a las empresas Austral Construcciones y Top Air, de Báez.
La "ruta del dinero K" comenzó a investigarse en 2013, todavía con Cristina Fernández (2007-2015) en el poder, aunque el impulso definitivo llegó en marzo de 2016, ya con el conservador Mauricio Macri en la Presidencia y después de que un canal de televisión difundiera imágenes que mostraban a Martín Báez, hijo de Lázaro, contando grandes sumas de dinero en las oficinas de una financiera de Buenos Aires.
En diciembre pasado, Cristina Fernández, actual vicepresidenta argentina, fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en otra causa por irregularidades en la concesión de obras viales a Báez -también condenado a 6 años de prisión- durante los Gobiernos kirchneristas, un fallo que ha sido apelado.