“Ante la demora injustificada del Poder Judicial, en resolver amparo, Pedro Castillo solicita a la CIDH su restitución como presidente Constitucional del Perú y su inmediata libertad. En los próximos días habrá novedades”, escribió en su cuenta de Twitter Ayala, quien, según diversos medios locales, asumió la defensa legal de Castillo.
El exmandatario, que ganó las elecciones presidenciales de 2021, cumple 18 meses de prisión preventiva, mientras el Ministerio Público lo investiga por la presunta comisión del delito de rebelión tras su fallido autogolpe del 7 de diciembre pasado.
Aquel día, Castillo anunció en un mensaje a la nación que dictaba el cierre del Congreso, la instauración de un Ejecutivo de "emergencia nacional" que iba a gobernar por decreto y la reorganización el sistema de Justicia.
Su decisión fue definida como golpista por la mayoría de la población peruana y, en cascada, sus ministros renunciaron a sus cargos, mientras las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se deslindaban de cualquier "acto contrario al orden constitucional" del país.
Tras dar este mensaje, Castillo fue arrestado por su propia escolta cuando se dirigía a la Embajada de México en Lima, supuestamente, para solicitar asilo y, en simultáneo, el Congreso aprobaba su destitución por amplia mayoría.
En su lugar, asumió por sucesión constitucional su vicepresidenta, Dina Boluarte, lo que motivó un estallido de protestas en diversos puntos del país para pedir la renuncia de la nueva mandataria, el cierre del Parlamento y la convocatoria de elecciones generales en 2023.
Las protestas, que a la fecha dejan un saldo de 70 personas fallecidas y miles de heridos, se sintieron en todo el territorio nacional por dos meses, aunque se concentraron sobre todo en el sur del país, hoy reducto del descontento ciudadano.
Acción de amparo
Desde el 7 de diciembre, Castillo cumple prisión preventiva en un penal de Lima, el mismo en el que está recluido el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), por la presunta comisión del delito de rebelión.
A fines de enero pasado, Ayala presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial alegando que Castillo fue retirado de su cargo de presidente a través de la aprobación de una moción de vacancia (destitución) en la que, aseguró, no se respetó el debido proceso.
En esa línea, la defensa del exmandatario solicitó que se declare nula la destitución y la orden de detención preliminar en su contra, así como la prisión preventiva.