Suecia, que preside este semestre el Consejo de la Unión Europea, lo ha convertido en una de sus prioridades tras el dictamen que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió, ya en octubre de 2021, para determinar que la ratificación puede adoptarse en el Consejo sin necesidad de la unanimidad que requiere la adhesión a un tratado internacional.
A título individual, 21 Estados miembros se han adherido al Convenio de Estambul, pero hay seis que no lo han hecho y que, por lo tanto, están en contra de la ratificación conjunta del club comunitario: Bulgaria, República Checa, Hungría, Letonia, Lituania y Eslovaquia.
Además, en julio de 2020 Polonia anunció su intención de abandonar el Convenio, aunque todavía no ha dado el paso.
Este tratado internacional, que nació en 2011, abarca una serie de medidas, incluidas obligaciones, que van desde la sensibilización y la recopilación de datos hasta acciones legales para tipificar como delito diferentes formas de violencia.
LA EUROCÁMARA INCIDE EN QUE LA UE RATIFIQUE EL CONVENIO
El Parlamento Europeo ha vuelto a pedir hoy al Consejo la ratificación del Convenio, en una resolución aprobada por amplia mayoría, que recupera los mismos argumentos que en textos previos a favor de la adhesión y añade, como novedad, la opinión favorable de la justicia europea a facilitar la mayoría necesaria en el Consejo.
"Han pasado casi seis años desde que la UE firmó el Convenio. Mientras tanto, la situación de las mujeres no ha mejorado, sino que la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica sigue siendo un fenómeno paneuropeo generalizado y una manifestación de la discriminación contra las mujeres", aseguró la comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli.
En su intervención el martes en el debate parlamentario, Dalli sostuvo que es necesario "intensificar" los esfuerzos de la UE en esta materia, lo que "incluye la adhesión al Convenio de Estambul".
BRUSELAS TOMA LA INICIATIVA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La discusión sobre la posible unión de la UE a este tratado se produce en paralelo a la propuesta de directiva que ha impulsado la Comisión Europea para tipificar como delito la violación sobre la base de la falta de consentimiento, la mutilación genital femenina y la ciberviolencia.
Existe la previsión de que la Eurocámara fije su posición sobre esta directiva en el pleno de junio y podrá aprobarse a final de año en el Consejo, bajo la presidencia española de la Unión.