El texto del documento fue encontrado en la casa de su exministro de Justicia Anderson Torres, detenido por su presunta "omisión" en el asalto a los tres poderes del pasado 8 de enero cuando ejercía como secretario de Seguridad de Brasilia.
El documento, no firmado por Bolsonaro, habría permitido intervenir el Tribunal Superior Electoral (TSE) y anular el resultado de las elecciones que el líder de la ultraderecha perdió en la segunda vuelta electoral de octubre ante el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.
Este martes el plenario del TSE decidió por unanimidad mantener el borrador del decreto golpista, a pesar de que la defensa de Bolsonaro pidió excluir el documento de las investigaciones.
La decisión fue proferida por el magistrado Benedito Gonçalves, instructor del caso, y se incluyó en el proceso que se inició por la reunión que Bolsonaro celebró el pasado 18 de julio con embajadores de varios países para difamar el sistema electoral brasileño.
Antes de la campaña, Bolsonaro arremetió contra el sistema de votación electrónica en Brasil, levantando sospechas de una supuesta vulnerabilidad, a pesar de haber sido implementado desde 1996 y nunca tener fraudes comprobados.
El exmandatario, quien permanece en Estados Unidos, fue incluido también en la lista de investigados de la Corte Suprema por supuestamente "incitar" a sus seguidores más radicales a atacar las instituciones.
El capitán retirado del Ejército ha intentado desmarcarse de los golpistas, mientras las autoridades brasileñas estrechan el cerco sobre él.
También está bajo investigación el testimonio de un senador que denunció una rocambolesca trama golpista que incluía un plan para arrestar al presidente del TSE y juez del Supremo, Alexandre de Moraes, en la que involucró a Bolsonaro.
Las investigaciones forman parte del proceso sobre el violento asalto a los tres poderes ocurrió el 8 de enero y que ha dejado hasta el momento 1.843 detenidos -con 942 todavía arrestados- y operaciones policiales en curso.
Ese día, una turba de radicales bolsonaristas invadió y destrozó las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, en Brasilia, en un intento de golpe de Estado contra Lula.
En paralelo, la Policía Federal ha puesto en marcha la Operación "Lesa Patria" en busca de aquellos que "participaron, financiaron, se omitieron o fomentaron" la invasión de los poderes y que ha salpicado a miembros de la Policía Militarizada.