Las investigaciones se suceden desde el pasado 8 de enero, cuando una turba de radicales bolsonaristas invadió y destrozó las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, en Brasilia, en un intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva.
"Un mes después, seguimos firmes trabajando en defensa de la democracia, la unión y la reconstrucción del país", afirmó este miércoles el mandatario en un mensaje en sus redes sociales que acompañó con un video institucional que repasa el ataque.
Las instituciones han vuelto a la normalidad, aunque en los tribunales aún queda un largo camino para resolver el rompecabezas del asalto, por el que llegaron a ser detenidas 1.843 personas, según el Ministerio de Justicia.
El Supremo mantiene en prisión preventiva a 942 sospechosos. El resto responderá en libertad.
POLICÍAS Y MILITARES, ENTRE LOS INVESTIGADOS
En paralelo, la Policía Federal ha puesto en marcha la Operación "Lesa Patria" en busca de aquellos que "participaron, financiaron, se omitieron o fomentaron" la invasión de los poderes.
El martes lanzó la quinta fase de este operativo "permanente", que en el último mes ha resultado en 37 allanamientos y 20 detenidos, entre ellos varios policías.
Rafael Alcadipani, profesor e investigador en asuntos de seguridad de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), considera que aún sobrevuela la duda de si la Policía Militar, órgano dependiente de cada estado brasileño, "puede preservar el orden, la ley y la democracia".
"Lo que vivimos fue una omisión inaceptable de la Policía Militar, que está muy contaminada por la ideología bolsonarista. Creo que no se está haciendo nada para cambiar esa situación", alertó a EFE el especialista.
La actuación de determinados sectores de las Fuerzas Armadas y su posible "connivencia" con los golpistas, según dijo el propio Lula, es otra de las incógnitas por descifrar.
La Fiscalía General de la República ha presentado hasta el momento 653 denuncias, ninguna de ellas contra integrantes de las FF.AA.
El Ministerio Público Militar ha abierto ocho investigaciones preliminares sobre la participación de oficiales en los actos del 8 de enero, sin denuncias aún de por medio.
Lula ha prometido castigar a todos los responsables "sin importar la patente", mientras intenta despolitizar los cuarteles y extirpar el bolsonarismo asumido por ciertos sectores castrenses.
Y empezó esa cruzada con toda una muestra de autoridad al destituir, el pasado 21 de enero, al comandante del Ejército, el general Júlio César de Arruda.
El ministro de Defensa, José Múcio, explicó que se tomó esa decisión en virtud de "una fractura de la confianza" con la cúpula militar. Por parte de las Fuerzas Armadas, silencio absoluto.
¿QUÉ PAPEL TUVO BOLSONARO?
El otro gran interrogante es Bolsonaro, quien continúa en Estados Unidos, adonde viajó el 30 de diciembre, dos días antes de terminar su mandato, sin previsión de vuelta a Brasil.
El exmandatario, que ha solicitado un visado de turista que le permitiría quedarse seis meses más en EE.UU., fue incluido en la lista de investigados del Supremo por supuestamente "incitar" a sus seguidores más radicales a atacar las instituciones.
Lula dio un paso más allá y, en una entrevista a la cadena "RedeTV!", acusó directamente al líder ultraderechista de "preparar el golpe".
El capitán retirado del Ejército ha intentado desmarcarse de los golpistas, mientras las autoridades brasileñas estrechaban el cerco sobre él.
Primero, encontraron un borrador de un decreto presidencial golpista en casa de su exministro de Justicia Anderson Torres, detenido por su presunta "omisión" en el asalto de Brasilia como secretario de Seguridad de Brasilia.
El texto, no firmado por Bolsonaro, habría permitido intervenir el Tribunal Superior Electoral (TSE) y anular el resultado de las elecciones.
Y segundo, está bajo investigación el testimonio de un senador que denunció una rocambolesca trama golpista que incluía un plan para arrestar al presidente del TSE y juez del Supremo, Alexandre de Moraes, en la que involucró a Bolsonaro.
Para Alcadipani, Bolsonaro "tiene una responsabilidad ideológica clara" en el asalto del 8 de enero, aunque "es necesario saber si tuvo una participación más directa".
El exgobernante afronta además otras investigaciones relacionadas con la difusión de noticias falsas sobre el proceso electoral y la pandemia, así como diversas causas en la Justicia electoral, aunque no está formalmente acusado en ningún proceso.