Los hechos se produjeron entre 2017 y 2019, y los contrayentes europeos cobraban 5.000 euros (cerca de 5.500 dólares) a cambio de participar en varios matrimonios ficticios en la isla mediterránea de Mallorca.
Los procesados que recibieron dinero por casarse son cuatro hombres de nacionalidades española e italiana y una mujer italiana, según informa la prensa local.
El letrado procesado, colegiado en Madrid, supuestamente se encargaba de amañar los enlaces y tramitaba la documentación. Una vez que tenía el certificado de matrimonio, también gestionaba la residencia legal de los contrayentes latinoamericanos en la Unión Europea (UE) y cobraba por esas gestiones.
El abogado está acusado de un delito contra los derechos de los extranjeros y otro de falsedad en documento público.
La Fiscalía también reclama entre uno y un año y medio de prisión para los ciudadanos europeos como cooperadores necesarios y las personas transgénero implicadas, además de que se declare la nulidad de los matrimonios y de las tarjetas de residencia.