"Decir que (Bélgica) es un narco-Estado es decir que todo el aparato político, judicial y policial estaría infiltrado por traficantes. Creo que estamos muy lejos de eso", explica en declaraciones a EFE el presidente del tribunal de primera instancia de Namur, Christian De Valkeneer.
"Puede haber problemas en algunos servicios, pero lo de ahora es algo muy minoritario y limitado", considera.
El Fiscal general de Bruselas, Johan Delmulle, fue el primero en utilizar el término, al decir el pasado septiembre que el país podría ser calificado pronto de "narco-Estado".
El mismo primer ministro belga, Alexander De Croo (de los liberales flamencos), ha reconocido en distintas entrevistas a medios belgas que la situación es "crítica".
Dos hechos recientes han llamado particularmente la atención y alertado sobre el nivel de violencia al que recurren las redes del narcotráfico, empezando por la muerte este mes en Amberes de una niña de once años en un tiroteo ocurrido en casa de su familia.
El alcalde de Amberes, el nacionalista flamenco Bart De Wever, atribuyó el ataque a una rendición de cuentas entre grupos implicados en el tráfico de drogas.
También han causado preocupación las amenazas recibidas por el ministro belga de Justicia, el liberal flamenco Vincent Van Quickenborne, que ha tenido que esconderse con su familia ya en dos ocasiones en un lugar secreto y seguro, la última vez las pasadas navidades.
El presidente del tribunal de primera instancia de Namur dice no saber si hay magistrados que hayan recibido avisos similares aunque no lo descarta.
"Cuando vemos a otros vecinos, como los Países Bajos (...) observamos que hay personas amenazadas, periodistas, abogados, incluso ha habido muertos".
"Hay muchísimo dinero en juego en este tráfico de cocaína (...) eso agudiza el apetito y la rivalidad entre los grupos criminales que viven del trafico de cocaína (...) Los que están en estas actividades son capaces de recurrir a medios extremos para conservar sus posiciones", señala De Valkeneer a EFE.
En los últimos años, los volúmenes de droga interceptados en el puerto de Amberes han ido aumentando hasta la cifra récord de 110 millones de toneladas de cocaína en 2022, algo que guarda relación con el "aumento de la producción de cocaína en el mundo".
En Amberes confluyen además varios factores que han convertido al puerto en el favorito de las mafias en Europa.
Por un lado, es un puerto de grandes dimensiones, mueve un enorme número de contenedores y "controlarlos es complicado".
A la vez, Amberes está probablemente "sufriendo la eficacia de los controles" en el puerto de Róterdam, considera el mismo jurista.
"Hemos constatado que cuando se refuerzan los controles en un puerto, hay un desplazamiento de los puntos de llegada de la cocaína(...) Hay un efecto cascada siempre".
En las últimas semanas se ha hablado mucho de cómo atajar el problema del narcotráfico en el país.
La petición de desplegar al ejército en el puerto de Amberes ha ido ganando adeptos entre los políticos belgas, aunque no cuenta con el apoyo del Gobierno federal.
El primer ministro belga, Alexander De Croo, llegó a decir que enviar militares al puerto sería como "lanzar polvo a los ojos" y que es la policía la que debe proteger la población y combatir la delincuencia.
El ministro de Justicia belga, Van Quickenborne, es partidario, por su parte, de penalizar más el consumo.
En ese contexto, adelantó hace unos días que el Gobierno está pensando en imponer multas de mil euros a las personas que sean descubiertas en flagrante delito de consumo de cocaína u otras drogas duras.
De Valkeneer no está convencido que "el hecho de sancionar o imponer unas penas muy severas vaya a tener un efecto disuasorio" porque "las penas son ya gordas".
Considera que "no hay una solución milagro" y que se tienen que poner en marcha "una multitud de políticas".
Hay que actuar, dice, en una "lógica económica" para tratar de reducir al máximo la rentabilidad del negocio y actuar "a todos los niveles", empezando por el internacional, abordando con los países exportadores "qué se puede hacer con ellos para limitar la exportación".
También hay que tomar medidas, añade el mismo experto, "a nivel europeo, y en el plano belga y local" abordando cada uno de los eslabones, desde la producción y pasando por la distribución, tratando de "disuadir a la gente de convertirse en traficantes".
Desde la UE, la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, anunció esta semana que tiene previsto viajar a Colombia y Ecuador para abordar la manera de cooperar con esos países en la lucha contra el tráfico de drogas y que visitará el puerto de Amberes el próximo 7 de febrero.