"No es una función municipal central ocupar un área que la Legislatura se ha adelantado, y los Gobiernos locales no tienen discreción o autoridad legal para promulgar ordenanzas que violen la preferencia estatal", escribió el juez Ricky Polston en un documento de 25 páginas que refleja el fallo mayoritario (5-1) emitido este jueve por la Corte Suprema estatal.
Desde 1987, los Gobiernos locales de Florida tienen prohibido aprobar cualquier regulación de armas que sea más estricta que las leyes estatales actuales sobre armas de fuego.
Posteriormente, en 2011, otra ley reforzó a su predecesora con multas de hasta 5.000 dólares por promulgar nuevas regulaciones de armas a nivel de ciudades o condados.
Pero, tras el tiroteo masivo que en 2018 dejó 17 personas muertas en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, más de 30 ciudades y condados y docenas de funcionarios locales desafiaron la norma de 2011.
En 2021, el Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito floridano confirmó la ley, lo que impulsó a las ciudades y condados a acudir a la Corte Suprema estatal.
El caso se deriva de tres demandas presentadas por varias ciudades y condados, incluidos Gainesville, Tallahassee, Orlando, Fort Lauderdale, Miami Beach y St. Petersburg.
Aunque no se relaciona con la ley de 1987, la impugnación sí argumenta que las sanciones promulgadas en la normativa de 2011 son inconstitucionales.
En junio pasado, los jueces de la Corte Suprema floridana escucharon los argumentos del caso contra el estado, encabezado por la excomisionada del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor, la demócrata Nikki Fried.
El presidente del Tribunal Supremo, Charles Canady, señaló entonces una línea específica de la Constitución que establece que los Gobiernos locales pueden ejercer el poder "salvo que la ley disponga lo contrario".
"Nuestros casos son muy claros sobre la superioridad del poder legislativo en este ámbito. Por eso todo este caso es un poco desconcertante para mí, porque lo que ha hecho la legislatura subyacente es esta disposición constitucional expresa", señaló Canady.
El fallo de este jueves fue un "duro golpe" para 33 ciudades y condados, y decenas de funcionarios locales que sostenían que las sanciones de la ley de 2011 eran inconstitucionales, según recoge el medio local CBS4.
Añade que se trata de una victoria para los líderes republicanos estatales y los defensores de la Segunda Enmienda, como la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés).