“Mi problema no es con personas específicas sino con la ideología LGTBI y su movimiento político”, afirmó Avi Maoz, viceministro israelí religioso encargado de políticas educativas y migratorias, durante la jura del nuevo Ejecutivo israelí hace menos de un mes.
A declaraciones como esta, habituales entre ministros del nuevo Gobierno, se suman también acciones, como la inclusión en los acuerdos de coalición de una cláusula que llama a enmendar la ley antidiscriminación para que comerciantes o incluso médicos se puedan negar a prestar servicio a quienes “hieran sus creencias y sentimientos religiosos”.
Ante esto, representantes de la comunidad LGTBI han puesto el grito en el cielo y anticipado que lucharán hasta el final para proteger los derechos que han conseguido y de los que Israel solía presumir. De hecho, Tel Aviv acoge anualmente el mayor Desfile del Orgullo de Oriente Medio, evento que sucesivos gobiernos han defendido como ejemplo de los valores democráticos y liberales del país.
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“Durante mucho tiempo yo los desestimaba, decía que nada iba a suceder, que eran políticas inaplicables, pero ahora la realidad nos muestra otra cosa, estamos siguiendo modelos como el de Hungría, y eso nos obliga a intensificar nuestra lucha”, explica a EFE Hila Peer, presidenta de AGUDÁ, organización del colectivo LGTBI israelí.
Cifras recabadas por esta organización reflejan un aumento del 75% de incidentes homófobos el último año, algo que, según Peer, muestra que incluso antes que la aplicación de políticas concretas, “la retórica es suficiente para generar un clima de violencia en las calles”.
Su ONG y varias más han instando a la población a manifestarse y organizado múltiples protestas, además de sumarse a las multitudinarias manifestaciones contra el Gobierno que han tenido lugar en Tel Aviv en las últimas semanas, en las que muchos carteles y banderas clamaron contra la ofensiva a la comunidad LGTBI.
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Una de las organizaciones más activas es Havrutá, que representa a los judíos religiosos de esta comunidad. Este colectivo se siente especialmente amenazado, sobre todo por su cercanía religiosa, geográfica, comunitaria y hasta ideológica, con algunos los políticos que impulsan la ofensiva contra sus derechos.
Muchos de sus miembros se arrepienten de haber votado a Netanyahu y sus socios priorizando cuestiones de seguridad o económicas, mientras se reconocen sorprendidos por la embestida del Gobierno contra ellos.
“De repente las autoridades religiosas se sienten más empoderadas para expresar sus opiniones contra nosotros”, menciona a EFE Shay Bramson, presidente de Havrutá, cuya línea de apoyo telefónico no ha parado de sonar en las últimas semanas.
Terapias de conversión
La preocupación central, revela, es la terapia de conversión, ilegalizada a comienzos del año pasado y que anticipan podría volver a autorizarse bajo este gobierno, el más derechista y religioso de la historia de Israel.
Bramson cuenta que él mismo fue obligado durante su adolescencia a someterse a estas terapias, muy difundidas en los sectores religiosos y foco del activismo de su organización.
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Este activismo, precisa, no solo tiene lugar en las calles sino también en medios de comunicación religiosos y hasta en los pasillos del Parlamento, donde mantienen contactos frecuentes incluso con algunos de los partidos del Ejecutivo.
"Nuestra lucha no es contra el Gobierno sino contra políticas específicas dirigidas hacia nosotros y hacia otras minorías, como las mujeres o la población árabe de Israel, ya que consideramos que son políticas que van contra el Estado y contra los valores del judaísmo", aclara.
La defensa de otras minorías ha llevado a organizaciones LGTBI a involucrarse en el movimiento de protesta contra la reforma judicial impulsada por la nueva coalición, que otorgaría más poder al Gobierno en detrimento de la Justicia, cuya independencia se vería profundamente debilitada.
Esta reforma, que puede poner en jaque el modelo de democracia liberal israelí, incluye una cláusula que permitiría que una mayoría simple de parlamentarios pueda anular decisiones del Tribunal Supremo, conocido por su defensa de los derechos de las minorías.
Peer, de AGUDÁ, se muestra preocupada por el impacto de dicha reforma sobre el terreno y opina que la comunidad LGTBI representa "la primera línea de batalla".
“Somos un colectivo muy fuerte y organizado, y creo que vienen primero a por nosotros porque somos quienes tenemos más apoyo de la sociedad en general. Por eso creo que debemos mantenernos firmes y trabajar en conjunto, porque si nosotros caemos, el resto de las minorías caerán detrás nuestro”, cierra Peer.