El MP acusa al abogado David Gaitan del delito de abuso de poder, por haber participado en la suscripción de varios convenios de cooperación, supuestamente anómalos, con los directivos brasileños de Odebrecht Luis Mameri y Marcos de Cequeira, según explicó Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad.
Por dicho caso también se giró una orden de captura contra el abogado Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara guatemalteco-americana (Amcham), la ex secretaria general del MP Mayra Véliz y la exfiscal general Thelma Aldana, quien se encuentra exiliada en Estados Unidos, explicó la misma fuente.
En 2022, la Fiscalía, al mando de Curruchiche, anuló los testimonios que los empresarios brasileños habían brindado en 2017, donde acusaban al exministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi y al excandidato presidencial Manuel Baldizón de recibir sobornos equivalentes a 18 millones de dólares a cambio de otorgar proyectos a la constructora.
El fiscal Rafael Curruchiche, encargado del caso Odebrecht desde 2021, fue sancionado por Estados Unidos en junio del año pasado por “obstrucción a la justicia y generar casos contra operadores de justicia”.
Curruchiche también ha sido acusado por varios operadores de justicia como su antecesor, Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos, de crear casos en su contra.
La red de sobornos que implica a la constructora Odebrecht y a funcionarios guatemaltecos, que habría operado entre 2012 y 2014, fue descubierta por la extinta Cicig, donde laboraba el abogado Gaitán.
Entre 2015 y 2018, la Cicig encabezó una histórica persecución de estructuras criminales incrustadas en el Estado de Guatemala y logró, entre varias sentencias, que el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) fuese condenado a 16 años de prisión por corrupción.
Gaitan se ha convertido en el noveno funcionario anticorrupción que es perseguido dentro de procesos penales encabezados por el fiscal Curruchiche en los últimos doce meses.