"El Ministerio de Propagación del Vicio y de la Virtud nos pidió hace una semana que considerásemos el hiyab y también, si era posible, cambiar de ubicación al mercado de mujeres Rabia Balkhi", informó este miércoles a EFE Adila, en el que vende productos cosméticos y ropa.
Un futuro destino que no convence por completo a la afgana, quien recriminó que el mercado para mujeres se encuentra en declive por una mezcla de desidia gubernamental y ausencia de publicidad, agudizando la ya frágil situación de muchas comerciantes para las que la compraventa supone su única forma de sustento económico.
La tienda de Adila es una más en el mercado de la localidad, donde también trabajan numerosos hombres comerciantes y, según indicó a EFE el portavoz del Ministerio de la Virtud, Mohammad Sadiq Akif Mahajir, los establecimientos regentados por mujeres podrán permanecer abiertos "hasta que el Gobierno encuentre un área específica para su trabajo".
La decisión de los talibanes de segregar a las comerciantes supone una nueva privación para los derechos de las afganas, que han sido severamente recortados desde el ascenso de los fundamentalistas al poder en agosto de 2021.
Además de limitar su acceso al trabajo, prohibir su acceso a la educación secundaria y superior e imponer el uso obligatorio del velo islámico, el Gobierno interino de los talibanes ha decretado numerosas restricciones que recluyen cada vez más a las afganas en sus viviendas.
Una realidad que se asemeja cada vez más a la época del primer régimen fundamentalista entre 1996 y 2001, cuando, de acuerdo con una rígida interpretación del islam y su estricto código social conocido como pastunwali, prohibieron la asistencia femenina a las escuelas y recluyeron a las mujeres en el hogar.
Aparte de esta serie de órdenes dirigidas a las afganas, los talibanes vetaron el mes pasado que las mujeres trabajasen en las organizaciones no gubernamentales, bajo el pretexto de que muchas de las empleadas no portaban el velo.
Una decisión que recibió la condena de la comunidad internacional, y que llevó a varias de las ONG a suspender sus programas en Afganistán, mientras que la ONU llegó a alertar de que, de no producirse cambios en la normativa, se verían obligados a detener muchas actividades en el país.