“En épocas de derechas violentas, anoche se presentó recusación contra la Jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA (ciudad de Buenos Aires), el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado”, publicó Fernández este lunes en su cuenta de Twitter.
Los abogados de la también expresidenta (2007-2015) ya habían pedido la recusación de Capuchetti en noviembre pasado, pero la Justicia la rechazó.
La "nueva recusación" se basa en las "actividades incompatibles" de Capuchetti por tener un trabajo rentado como investigadora en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según el escrito, es un órgano con fines "políticos" para apoyar y asesorar al Ministerio de Justicia y Seguridad de Buenos Aires.
Para los abogados, el sueldo de Capuchetti depende del Ministerio de Justicia y Seguridad de Buenos Aires, que estuvo hasta la semana pasada encabezado por Marcelo D´Alessandro, pero se tomó una licencia temporal para "preparar su defensa" en la investigación por la filtración de supuestos chats suyos con distintas figuras.
En esa filtración de los supuestos chats "queda muy claro" el rol de D´Alessandro "en la manipulación de causas judiciales contra Cristina Fernández de Kirchner y el espacio político que integra", según indicaron los abogados.
En tanto, el Ministerio de Seguridad de Buenos Aires tiene a su cargo a la Policía local, "que debería haber sido investigada en estas actuaciones (como lo fue la Policía federal) pero respecto de la cual la jueza no dispuso una sola medida", agregaron los letrados respecto del dispositivo de seguridad en las inmediaciones del domicilio de Fernández donde ocurrió el atentado.
"Que Capuchetti cobre un sueldo mensual de un organismo que depende de estas personas por realizar tareas incompatibles con su función, si es que hace algo, es una evidente muestra de las relaciones ilegales, espurias y carentes de toda ética, entre algunos miembros de la Justicia federal y funcionarios de Juntos por el Cambio" (en referencia a la coalición opositora), argumentaron en el escrito.
La vicepresidenta sufrió el atentado en medio de las manifestaciones a las puertas de su domicilio que se dieron después de que el 21 de agosto un fiscal pidiera para ella 12 años de prisión por presunta corrupción en los dos períodos en que fue mandataria.
Fernández fue condenada el pasado 6 de diciembre por administración fraudulenta a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, un fallo que decidió apelar.