“La situación en Brasilia está controlada”, afirmó en un mensaje en sus redes sociales el interventor federal en el Distrito Federal, Ricardo Cappelli, que será responsable por la seguridad en la capital brasileña al menos hasta el 31 de enero.
Capelli, un alto funcionario del Ministerio de Justicia, asumió el comando de todas las fuerzas de seguridad de Brasilia luego de que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ordenara una intervención federal en el Distrito Federal para hacer frente al ataque a las instituciones de los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro.
Capelli afirmó que las fuerzas policiales de Brasilia, ahora bajo su comando, reiniciaron a primera hora las operaciones para identificar a los responsables por los actos de vandalismo en las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema.
"Ya estamos en campo nuevamente. Los criminales seguirán siendo identificados y sancionados. No permitiremos la continuidad de concentraciones que funcionen como incubadoras de planos contra el Estado Democrático de Derecho", afirmó el interventor.
Una de las primeras acciones de la Policía fue el desmonte del campamento que los bolsonaristas habían montado desde las elecciones presidenciales de octubre frente al cuartel general del Ejército para presionar por un golpe militar que impidiera el regreso de Lula al poder y desde el que fueron lanzados los ataques del domingo.
Agentes de la Policía Militarizada de Brasilia, reforzados por tropas del Ejército, bloquearon los accesos al campamento a primera hora para impedir la llegada de más manifestantes y ordenaron el desalojo pacífico de los que permanecían en el lugar.
El cerco surtió rápidamente efectos y, sin la necesidad del uso de la fuerza por parte de las autoridades, los cientos de seguidores de bolsonaristas radicales que estaban acampados frente al Ejército comenzaron a recoger sus pertenencias y abandonaron el lugar en autobuses que los condujeron a comisarías para ser identificados.
Pese a la tranquilidad reportada, en la Plaza de los Tres Poderes, que separa el Palacio Presidencial de Planalto, la sede del Congreso y la sede del Supremo Tribunal Federal, el escenario era de destrucción, con pedazos del piso removidos, hierros retorcidos, basuras esparcidas por todas partes y hasta cápsulas de gases lacrimógenos.
Los rastros de destrucción se extendían por varios de los jardines de la Explanada de los Ministerios, la amplia avenida en la que están ubicadas las sedes de los ministerios y que culmina en la Plaza de los Tres Poderes.
Dentro de las edificaciones igualmente quedaron los rastros del violento ataque, con cientos de ventanales quebrados, sillas arrancadas, equipos destruidos y obras de arte damnificadas.
La edificación del Congreso quedó con letreros golpistas pintados y hasta una patrulla policial sumergida en un estanque.
El asalto al Congreso, la Presidencia y el Supremo solo se resolvió después de cuatro horas y media de desconcierto, cuando agentes antidisturbios cargaron y lanzaron gases lacrimógenos contra los exaltados que estaban dentro y fuera de los edificios.
Según las últimas informaciones, al menos 300 personas fueron detenidas por los ataques antidemocráticos, que fueron ampliamente condenados por todas las instituciones de Brasil y por la comunidad internacional.