En Buenos Aires, un grupo de mujeres se congregaron ante la Casa de la Povincia de Córdoba para celebrar una mesa y un “pañuelazo” entre diversas demandas, como el “cese inmediato” a la “criminalización y persecución” de los profesionales que practican abortos o la puesta en marcha de la educación sexual integral en los centros educativos.
La elección de este lugar no fue casual: cuatro socorristas del municipio cordobés de Villa María fueron detenidas el pasado 21 de diciembre, y puestas en libertad este lunes, tras ser acusadas de "acompañar" un "aborto clandestino", en una causa que continúa abierta en los tribunales.
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Por este motivo, el "pañuelazo" verde también se convocó en el Parque de la Vida de Villa María y se vivió en otros lugares del país, como Córdoba, Rosario y Salta, al tiempo que las redes sociales se llenaron de mensajes reivindicativos para favorecer la difusión de la Ley entre la población.
Aprobada el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021, la ley de IVE permite interrumpir voluntariamente el embarazo hasta la semana 14 de gestación de forma segura, legal y gratuita, siempre en un máximo de diez días desde su requerimiento.
Más allá de esas 14 semanas de plazo, el aborto solo se permite bajo 2 causales que rigen desde la aprobación del Código Penal en 1921: cuando corra peligro la vida de la mujer o si el embarazo fue producto de una violación.
"Esta ley es un logro colectivo, resultado de un cambio de cultura, de una lucha enorme que las mujeres llevaron durante años, y que un día un Gobierno y un Congreso estuvieron dispuestos a reconocer", aseguró este jueves el presidente argentino, Alberto Fernández, en un acto por el segundo aniversario de la Ley.
DESAFÍOS PENDIENTES
En su primer año y medio de existencia, la Ley de IVE permitió practicar un total de 106.764 abortos en centros de salud públicos, según datos de Amnistía Internacional, que en su último informe advirtió sobre la persistencia de "barreras" en el acceso a este derecho.
Una perspectiva compartida por el 'proyecto Mirar', iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad y del Ibis Reproductive Health, que en su último reporte alertó, entre otras cuestiones, de "objeciones de conciencia no ajustadas a la ley", con personal administrativo "que obstaculiza o demora la recepción o la reserva de turnos".
Esas situaciones también provocan una serie de “cuellos de botella” en las instituciones públicas que sí garantizan los abortos, cuyo número aumentó un 58 % entre la sanción de la Ley y septiembre pasado, pero con equipos de salud sobrecargados “laboral y emocionalmente” por el exceso de casos.