Las demandas, confirmada por la Fiscalía financiera austríaca al diario Der Standard, han sido interpuestas por los herederos de Fritz Grünbaum, asesinado por los nazis en el campo de concentración de Dachau, y suponen un nuevo paso en un caso que se prolonga desde hace 25 años.
La reclamación se dirige contra el Estado austríaco, contra la galería Albertina, un museo público, y contra el Leopoldmuseum, una institución privada.
Según Der Standard, la demanda se refiere a una acuarela y un dibujo a tiza, propiedad de la Albertina, así como al cuadro "Ciudad muerta III" y otras siete piezas pertenecientes a la colección del Leopold.
Los herederos de Fritz Grünbaum ya amenazaron en 2015 con demandar a Austria para recuperar catorce obras que pertenecieron al humorista.
Las serie de querellas presentadas ahora parten de una sentencia del pasado mayo en un tribunal de Nueva York, en la que se consideró probado que los nazis se incautaron de dos piezas de Grünbaum a través de un poder que el actor dio a su esposa en julio de 1938, cuando ya estaba en Dachau, con el que perdió el control sobre su patrimonio.
El organismo que en Austria se encarga de examinar reclamaciones de restituciones ha considerado hasta ahora que no hay pruebas de que los nazis se apropiaran de las obras y argumenta que la colección de arte siguió a disposición de la familia, tal y como prueban contratos de venta firmados por la cuñada del actor en 1952 y 1956.
El consejo consultivo que analizó el caso ya se pronunció en contra de una restitución en el año 2010, en relación al Museo Leopold, y en 2015, en el caso de la Albertina.
Los herederos de Grünbaum criticaron esas decisiones como parte de una "fallida política de restitución" por parte de Austria y anunciaron que la única vía que les queda es recurrir a tribunales en Estados Unidos.
La polémica por el desinterés de Austria en el tema del expolio nazi se hizo patente a finales de 1997, cuando la Justicia estadounidense confiscó dos obras de Egon Schiele, propiedad del Museo Leopold de Viena, bajo la sospecha de que habían sido robadas por los nazis.
El Gobierno austríaco se apresuró en 1998 a aprobar una norma que obligaba a los museos públicos a investigar sus fondos para detectar piezas robadas, generalmente a familias judías.