La resolución, aprobada el miércoles con doce votos a favor y tres abstenciones (China, Rusia e India), contiene "varios elementos" que interfieren en los "asuntos internos" de Birmania (Myanmar) y "contravienen los principios y propósitos de las Naciones Unidas", según expresa un comunicado emitido la noche del viernes por el Ministerio de Exteriores.
La nota afirma que la situación en Birmania se refiere "únicamente a los asuntos internos" del país y "de ninguna manera supone riesgos para la paz y la seguridad internacionales", por lo que la Junta birmana "no aceptará" dicha decisión.
"Ejercer presión para desestabilizar a Birmania en lugar de apoyar los esfuerzos del gobierno no ayuda al país y Birmania no aceptará tales actos", reza el documento.
En la resolución del miércoles -cuyo texto ha sido objeto de negociaciones durante meses y que supone la primera aprobada por el máximo órgano de decisión de Naciones Unidas desde el golpe de Estado de febrero de 2021- el organismo pide el cese inmediato de la violencia en Birmania y reclama la liberación de todos los presos políticos, incluida la depuesta líder Aung San Suu Kyi.
El fallo, propuesto por el Reino Unido el pasado septiembre, salió adelante tras intensas conversaciones entre los 15 miembros del Consejo de Seguridad para tratar de encontrar un lenguaje aceptable para todos y, sobre todo, evitar un posible veto de China o Rusia, las dos potencias más próximas a la Junta birmana y que terminaron por abstenerse, al lado de India, de la votación.
En su comunicado, la Junta militar volvió a justificar que la crisis que impera en Birmania es producto de un presunto fraude electoral durante las elecciones de 2020, que fueron ganados de forma arrasadora por el partido Liga Nacional por la Democracia de Suu Kyi, quien permanece encarcelada desde la sublevación.
Sin embargo, los observadores internacionales que acompañaron el proceso electoral declararon que los comicios se produjeron de forma libre y justa, mientras que diversos gobiernos y organismos internacionales han condenado la escalada de la represión y violencia perpetrada por los militares desde entonces.
El golpe de Estado del 1 de febrero de 2021 ha sumido a Birmania en una profunda crisis política, económica y social que ha exacerbado los conflictos armados que el país padece desde hace varias décadas.
Desde la sublevación militar hace casi dos años, al menos 2.639 personas han muerto por la brutal represión ejercida de parte de las fuerzas de seguridad, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos y desarmados, y más de 13.000 permanecen detenidas, según datos de la ONG birmana Asociación de Asistencia a los Prisioneros Políticos.