Este jueves por la noche, la Fundación Jacob Zuma anunció la demanda presentada en el Tribunal Superior de Johannesburgo contra Ramaphosa, a quien acusó de "delitos graves" que conllevan una pena de "quince años de prisión", pero sin especificar esos delitos.
Según la fundación, el expresidente demandó a su sucesor en relación con el caso del fiscal Billy Downer, quien, según él, filtró ilegalmente sus informes médicos.
Ramaphosa fue acusado de ser "cómplice" en los "delitos cometidos" por Downer, entre otros, y violar la Ley de la Fiscalía Nacional.
En un comunicado publicado por la Presidencia de Sudáfrica, el jefe del Estado describió los cargos como "falsos e infundados".
"El presidente Cyril Ramaphosa rechaza con el mayor desprecio el abuso de los procesos legales por parte del señor Jacob Zuma", subrayó la nota oficial.
El mandatario "no interfiere en el trabajo" de la Fiscalía NPA "ni tiene el poder para hacerlo", indicó el comunicado, al agregar que Ramaphosa respondió a Zuma y "tomó las medidas adecuadas y legalmente permisibles".
El asunto ha sido remitido al ministro de Justicia, Ronald Lamola, quien supervisa la Fiscalía.
Downer es el fiscal principal en el juicio por corrupción contra Zuma (2009-2018) por un acuerdo armamentístico, que se ha aplazado hasta el próximo 30 de enero.
Zuma, de 80 años, quiere que el fiscal se recuse del caso.
De hecho, el expresidente interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional para se pronunciara sobre su intento legal de destituir a Downer.
Sin embargo, el Constitucional le negó la semana pasada a Zuma permiso para apelar el fallo del tribunal que en 2021 desestimó su alegato de que Downer carecía de la capacidad legal para encabezar su procesamiento en el caso del acuerdo armamentístico.
Sus abogados sostienen que el fiscal se guía por motivaciones políticas y acusan a la Fiscalía de filtrar documentos a la prensa.
Zuma también se ha querellado contra Downer y la reportera del canal sudafricano News24 Karyn Maughan, pues sostiene que el procurador filtró a la periodista información sobre su historial médico.
En el llamado "juicio del acuerdo de armas", a Zuma se le imputan cargos de asociación ilícita, corrupción, blanqueo de dinero y fraude en relación a un acuerdo millonario firmado a finales de la década de 1990 con la empresa francesa Thales.
En paralelo a esa causa, Zuma fue el centro de una gran investigación conocida como "Captura del Estado", que estudió la presunta corrupción que afectó al aparato público sudafricano mientras él fue presidente.
En esa investigación, el exmandatario se negó repetidamente a declarar y fue condenado a quince meses de cárcel por desacato en 2021.
Ingresó en la cárcel a comienzos de julio de ese año y, unos días después, se desataron en Sudáfrica disturbios que, si bien empezaron como protestas de apoyo al expresidente, degeneraron en una violencia general espoleada por los graves problemas socioeconómicos del país, que causó 354 muertos.
El 5 de septiembre de 2021, con sólo unos dos meses de cárcel cumplidos, a Zuma se le otorgó una polémica libertad condicional por motivos de salud cuyos detalles no se hicieron públicos.
La demanda contra Ramaphosa, de 70 años, se anunció antes de que este viernes el Congreso Nacional Africano (CNA), que gobierna Sudáfrica desde 1994, empiece su 55 Conferencia Nacional, en la que el presidente busca la reelección como líder de la formación.
Ramaphosa llega a ese congreso después de que la Asamblea Nacional (Cámara baja del Parlamento) rechazara este martes un informe que le acusaba de la posible violación de leyes anticorrupción en el escándalo del robo millonario en su granja de Phala Phala (norte) y que podía haber desencadenado un proceso para su destitución.
Exlíder sindical y uno de los sudafricanos negros más ricos, Ramaphosa sucedió a Jacob Zuma en la Presidencia en 2018, comprometiéndose a atajar la corrupción y el malestar económico desatados durante los nueve años de gobierno de su predecesor.