El juez Checkley escuchó durante las primeras horas del día los argumentos del Ministerio Público y de la defensa de oficio del exmandatario, que no se presentó a la cita ni sus abogados, así como del defensor del ex primer ministro y asesor de Castillo Aníbal Torres.
Al término de los alegatos, el juez suspendió la sesión hasta la tarde, cuando emitirá la resolución sobre la prisión preventiva solicitada para Castillo y Torres.
El exgobernante, quien cumple arresto preliminar, no se presentó a la audiencia de revisión del pedido y se informó que se negó a recibir la notificación del requerimiento fiscal.
En ese sentido, el juez Checkley informó que su defensa sería asumida por el abogado de oficio Italo Díaz, ya que ninguno de sus defensores acreditados se presentó a la audiencia.
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Al respecto, Ronald Atencio, uno de los abogados de Castillo, informó en Twitter que ni él ni su colega Raúl Noblecilla iban a participar en la audiencia de prisión preventiva.
"Son muchos los argumentos que, en conversación con Pedro (Castillo) nos impulsaron a tomar esa decisión", indicó antes de señalar que entre ellos figura una "vacancia (destitución) ilegal y exprés" del exmandatario.
El abogado aseguró, además, que Checkley ha convalidado de manera "ilegal" el levantamiento del antejuicio al ex jefe de Estado y que hasta la fecha no se resuelven los recursos de habeas corpus "cuestionando lo anterior".
"Si bien es cierto los abogados tutelamos los derechos en los fueros judiciales, sin embargo en esta audiencia no existen mínimas garantías de que eso será así. Ya verán el resultado y se darán cuenta, seremos testigos del ajusticiamiento a un ser humano", concluyó.
Los argumentos de las partes
Al inicio de la audiencia, el fiscal supremo Alcides Chinchay presentó los argumentos del pedido contra Castillo por la presunta coautoría de los delitos de conspiración para la rebelión, abuso de autoridad y perturbación a la tranquilidad pública.
El fiscal pidió el mismo plazo de detención para Torres, quien actualmente está en la clandestinidad, por la presunta comisión de rebelión en coautoría y conspiración para la rebelión.
En el caso de Torres, se presentó a la audiencia como su abogado defensor el expresidente de la Corte Suprema y el Poder Judicial Duberlí Rodríguez.
El fiscal sostuvo que el Ministerio Público requiere la prisión preventiva por 18 meses, "para cumplir con el plazo de la investigación preparatoria, el tiempo que eventualmente dure la etapa intermedia y el juicio oral".
Según los argumentos del Ministerio Público, Castillo y Torres afrontan una posible condena que superará los 4 años mínimos para solicitar la prisión preventiva y puede llegar a 10 años.
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Entre otros argumentos, la Fiscalía enfatizó en un eventual "peligro de fuga" de Castillo, ya que se ha informado que después de intentar dar un "autogolpe" de Estado el pasado 7 de diciembre buscó ir hacia la Embajada de México, país que ha manifestado su intención de otorgarle asilo.
El juez Checkley ordenó el miércoles que Castillo se mantenga durante 48 horas más en detención preliminar, mientras se realiza la audiencia de revisión del pedido de prisión preventiva, tras indicar que el pedido fiscal llegó a su despacho "a la medianoche".
Castillo reclamó, en una carta publicada el miércoles en Twitter, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que interceda por él, pues considera que las autoridades de su país han vuelto a “coactar” (sic) su libertad.