Giorgi, de 35 años y padre de una niña de dos años con Kaili, de 44, admitió su culpabilidad ante la policía y ante el juez de instrucción en los interrogatorios a los que ha sido sometido por las autoridades belgas en el escándalo que estalló el viernes pasado.
El asistente parlamentario, a quien el juez decidió este miércoles mantener en prisión preventiva, ha señalado como cerebro de la trama al exeuroparlamentario italiano Pier Antonio Panzieri, a quien la policía decomisó 700.000 euros en su domicilio y quien también imputado y se encuentra en prisión provisional.
La esposa y la hija de Panzieri han sido detenidas en Italia y Bélgica ha solicitado su entrega.
El joven italiano ha inculpado, además, a otros dos eurodiputados socialdemócratas: el belga Marc Tarabella, cuyo domicilio ya había sido registrado por las autoridades en el marco de la investigación, pero quien se encontraba en libertad; y al italiano Andrea Cozzolino, para quien Giorgi trabajaba como asistente.
Kaili, por su parte, se encuentra en prisión provisional y tiene fijada su vista ante el juez el próximo día 22, tras no haber podido comparecer este miércoles por una huelga de funcionarios.
En los registros, la policía encontró cientos de miles de euros en metálico en el domicilio de Kaili y Giorgi, con quien mantiene una relación desde hace cinco años.
Los agentes también sorprendieron al padre de Kaili saliendo de un hotel de Bruselas con bolsas de dinero, circunstancia que les permitió actuar pese a la inmunidad parlamentaria de la política griega, la entender que estaba cometiendo un delito flagrante.
Le Soir, diario que junto con Kanack dio la primicia del escándalo, agrega que Giorgi no imputó a la europarlamentaria belga Maria Arena, a quien no ha alcanzado por ahora la operación policial pero quien ha hecho público que uno de sus asistentes en la Eurocámara está también inculpado en la trama.
Los nuevos datos revelados por ese periódico apuntan cada vez con más fuerza a Marruecos, no sólo a Catar, como origen de los sobornos. Señala en concreto al embajador de Marruecos en Polonia, Abderrahim Atmoun, y a dos agentes del servicio secreto marroquí a los que no identifica.