Indonesia, la nación con más musulmanes del mundo y la tercera mayor democracia del planeta, ha concitado interés en las últimas semanas por circunstancias dispares: mientras ha acumulado elogios por su abierto talante como anfitrión del G20 este año, una actual reforma legal de tintes arcaicos ha generado estupefacción.
Esa reforma, respaldada por el Parlamento el 6 de diciembre, penaliza con hasta un año de cárcel las relaciones sexuales fuera del matrimonio y con un máximo de tres los insultos al presidente, además de prohibir por primera vez la apostasía.
Al margen del denunciado retroceso en libertades que los cambios suponen para el archipiélago, tanto la reforma como el éxito del G20 son, más que contradicciones, consecuencias del estilo acomodaticio del presidente Joko Widodo, en su segundo y último mandato.
Auge del islam y de grupos radicales
El país, de tradición secular y pluralista, como recoge su ideología fundacional -llamada "Pancasila", establecida tras su independencia de los Países Bajos en 1945-, afronta un auge de la religiosidad y de los movimientos islamistas.
Según una encuesta de este año de la agencia Wunderman Thompson, hasta el 40 por ciento de los indonesios creen seguir más los preceptos islámicos que sus padres, en comparación con el 26 por ciento de los malasios, otro país con mayoría musulmana.
Por su parte, un sondeo de septiembre del grupo Lembaga Survei Indonesia (LSI) concluyó que el 12,5 por ciento de los entrevistados (de unos 1.200) apoyaba la legislación basada en la sharia (ley islámica), frente al 3,2 por ciento que la secundaba en 2017.
"Indonesia ha visto cómo en las últimas dos décadas se aprobaban más de 700 regulaciones (a nivel nacional, regional y local) inspiradas en la sharia", dice a EFE Andreas Harsono, investigador de Indonesia para Human Rights Watch (HRW).
Una islamización que, según Harsono, se explica en parte por la proliferación de escuelas religiosas -con alta financiación de Arabia Saudí- y la "aparición de grupos islamistas locales", que han convertido a Indonesia en el epicentro regional de grupos yihadistas.
La reforma, una cesión a los grupos religiosos
El auge del islam queda también reflejado en dos tipos de grupos políticos en Indonesia, los nacionalistas, como la facción de Widodo, y los partidos islámicos, explica Johannes Nugroho, analista político y periodista indonesio, en un artículo publicado por The Straits Times.
Así, la iniciativa contra el “sexo libre” es un ajuste a las demandas de partidos religiosos en pos de un sistema penal más en línea con la sharia, en particular del radical Partido de la Justicia y la Prosperidad (PKS), que en 2017 promovió una reforma que ilegalizara explícitamente el sexo homosexual.
"La nueva reforma es, en resumen, un desafortunado compromiso entre las dos fuerzas dominantes de la política indonesia: las seculares, usualmente llamadas nacionalistas, y los islamistas", señala Nugroho.
Los cambios penales rebajan el tono pretendido por los islamistas, pues no incluyen ninguna mención a la comunidad LGTBI -si bien la penalización del sexo extramarital prohíbe de facto las relaciones homosexuales, al solo ser legal el matrimonio heterosexual-, y limitan el poder de delación a parientes cercanos.
Un juego delicado
Aunque la coalición de Jokowi -en la que también hay grupos islámicos- cuenta con una amplia mayoría en la cámara baja, el presidente podría haberse apresurado en sacar adelante la reforma -que llevaba décadas pendiente y aún tardará 3 años en implementarse- por si los islamistas cogen fuerza de cara a los comicios de 2024.
Sería también una forma de contentar a la parte más religiosa de su electorado antes de la cita con las urnas, cuando podría presentarse como vicepresidente para preservar su influencia.
La prohibición de los insultos al presidente iría así especialmente dirigida a coartar a los radicales que le acusan de "ateo", pudiendo la denuncia ser únicamente presentada por él mismo.
Una difícil carambola que no satisface a casi nadie y exaspera, por razones obviamente distintas, tanto a islamistas como a grupos de derechos humanos o a la comunidad internacional, con la ONU pidiendo al Gobierno que dé marcha atrás.
"Es una reforma nefasta. Aunque el Gobierno diga que las críticas son desproporcionadas, no cambia el hecho de que la ley es muy vaga y queda abierta a interpretaciones", dice a EFE Yohanes Sulaiman, profesor asociado de Relaciones Internacionales de la Universidad Jenderal Achmad Yani de Indonesia.
Sulaiman alerta sobre el impacto que la reforma puede tener sobre la imagen de Indonesia -”cualquiera podría acostarse con un turista o inversor y después chantajearle”, especula- amenazando su buen hacer en la arena internacional, en especial tras el empeño de Widodo en integrar a todas las partes, Rusia incluida, en el G20.
La misma estrategia por la que el dirigente acomoda ahora las demandas de los grupos islámicos, una compleja apuesta mientras Indonesia se erige como una nación moderna de cada vez más peso, pudiendo convertirse en la cuarta economía mundial en 2045.