El requerimiento fue presentado por el fiscal supremo Uriel Teran, encargado del despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, agregó la fuente.
En el requerimiento fiscal se ha incluido al ex primer ministro y asesor jurídico de Castillo Aníbal Torres, y se presentó luego de que el Poder Judicial autorizó el pedido del Ministerio Público para iniciar investigación preparatoria a Castillo.
La solicitud de prisión preventiva abre la posibilidad de que se prolongue la detención preliminar que cumple Castillo, que debe culminar en principio hacia el mediodía de este miércoles, aunque esa decisión es competencia de las autoridades judiciales.
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La emisora RPP agregó que el Poder Judicial ha programado la audiencia para evaluar el requerimiento fiscal, que estará a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley, desde las 09:30 horas (11:30 hora paraguaya) de este miércoles.
Este magistrado, encargado del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, aprobó durante la noche de este martes la formalización de la investigación preparatoria contra Castillo y su ex primer ministro Torres por la presunta comisión del delito de rebelión.
La resolución de Checkley precisó que Castillo será investigado como presunto coautor de los delitos de rebelión y conspiración, así como presunto autor de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
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Torres, en su condición de asesor de la presidencia del Consejo de Ministros al momento de los hechos, será investigado como presunto coautor en los delitos de rebelión y conspiración.
A diferencia de Castillo, Torres está libre y pasó a la clandestinidad, al conocer la acusación en su contra presentada por la fiscal general peruana, Patricia Benavides.
La investigación ha sido calificada de “compleja” por el Ministerio Público y tendrá una duración de ocho meses.
Este martes, el juez supremo César San Martín rechazó la apelación que la defensa de Castillo presentó contra su detención preliminar y señaló que, con lo planteado por la Fiscalía, el ex mandatario puede ser procesado al menos por tentativa del delito de rebelión o conspiración, cargos por los que enfrentaría entre 5 y 10 años de cárcel.
Durante esa audiencia, Castillo expresó, en forma remota desde la cárcel, que no ha cometido “ningún delito de conspiración ni rebelión” y sostuvo que está “injusta y arbitrariamente detenido”.