Será un “Consejo Constitucional compuesto por 50 personas que tendrán por único objeto discutir y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución”, indica el acuerdo.
El Consejo Constitucional comenzará su trabajo el 21 de mayo del 2023 y deberá entregar el proyecto de Constitución el 21 de octubre.
El 26 de noviembre se realizará un plebiscito de salida obligatorio en el que se decidirá si se ratifica o no el proyecto de Carta Magna.
Este nuevo proceso nace tres meses después del plebiscito del 4 de septiembre pasado, en el que un 62% rechazó una anterior propuesta de nueva Constitución que buscaba reemplazar a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) .
Tres días después de dicho plebiscito, los partidos políticos con representación parlamentaria iniciaron intensas negociaciones para realizar un nuevo proceso constitucional que concluye casi 100 días después con el acuerdo alcanzado este lunes.
“Tenemos que aprender con mucha humildad de los errores de nuestra historia reciente (...) Este acuerdo es una nueva oportunidad para Chile” , dijo Alvaro Elizalde, presidente del Senado, en el edificio del Congreso en Santiago.
El texto, que incluía un catálogo de derechos sociales, fue rechazado por su falta de gradualidad, por las polémicas actuaciones de algunos de los miembros de la Convención Constitucional que la redactó, y porque fue calificada por parte de la población como demasiado radical.
Lea más: El largo camino de Chile en búsqueda de una nueva Constitución
Consejo jurídico
Los miembros del consejo serán elegidos en una votación obligatoria que se realizará en abril del próximo año.
También se conformará una Comisión de 24 expertos que serán elegidos por el Congreso en representación de las distintas bancadas oficialistas y opositoras cuyas fuerzas están equilibradas en el Parlamento.
Su misión será entregar un anteproyecto de la nueva constitución que servirá de base para la redacción del texto. Su labor comenzará en enero.
Los 24 expertos también se incorporarán al Consejo Constitucional y una vez que se tenga el texto le entregarán un informe a este consejo en el que podrá formular propuestas “que mejoren la redacción y comprensión de las normas del texto” .
También se constituirá una comisión de admisibilidad, compuesta por 14 juristas elegidos por el Senado, que tendrá a su cargo la revisión de las normas aprobadas para determinar una eventual inadmisibilidad de éstas.
El pacto, logrado de madrugada, fue asumido como una salida política para encauzar las violentas protestas de la revuelta social que había estallado en Chile un mes antes.