"Estamos exigiendo que los recursos de la ciudadela se queden en la región. Sucede que hace unos meses el Ministerio de Economía y Finanzas dictaminó una nueva norma para que los recursos del Machu Picchu pasen al erario nacional, al Tesoro Público", señaló a EFE el presidente de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (Apotur), Enrique Quiñones.
Explicó que pese a las promesas del Ejecutivo de excluir al mayor reclamo turístico de Perú del decreto supremo, este no ha sido derogado ni modificado.
Por esta razón, el sindicato se ha visto obligado a convocar esta huelga indefinida a partir del 28 de noviembre, y que no cesará hasta que esta norma no haga efecto y los recursos generados por el yacimiento se queden en la región.
El sindicato reclama que, si los recursos obtenidos por la ciudadela inca se van al Ejecutivo, y luego este hace un reparto del presupuesto entre otros lugares turísticos del país, este no va a alcanzar para llevar a cabo las labores de conservación e investigación que el Machu Picchu necesita.
Así, según Apotur, esta norma pone en riesgo tanto este yacimiento patrimonio universal, como otros de la región como Ollantaytambo o Piscac.
Quiñones indicó que, desde su sindicato, han intentado que la huelga no se produzca, que "han sido pacientes" con las autoridades, pero que tanto el Ministerio de Economía, Cultura y Comercio Exterior y Turismo "hacen caso omiso" a sus demandas.
"La inacción del Gobierno para proteger al turista es cada vez menor", afirmó Quiñones, y recomendó a los visitantes tomar las previsiones correspondientes, ya que de efectuarse la huelga no podrán visitar Machu Picchu.
También denuncia que el Ministerio de Cultura no ha abierto hasta la fecha la venta de entradas a la ciudadela de Machu Picchu para 2023, por lo que los paquetes turísticos adquiridos desde el 1 de enero de 2023 no están garantizados por el Gobierno peruano debido a la alta demanda que puede generarse.
"El Machu Picchu no es un estadio", dijo Quiñones al indicar que el aforo del yacimiento es de 4.044 personas y que estiman que se han vendido más entradas de las que hay capacidad, lo que va a crear "un problema muy grave para el turismo peruano".
Dijo que su asociación ha preferido "dar alarma" antes de que la gente siga comprando paquetes turísticos para protegerlos frente a posibles estafas.
En el comunicado que este mismo sindicato difundió a la prensa exigen que el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino, realice "de manera inmediata las coordinaciones correspondientes para solucionar estas dos situaciones a la brevedad posible".
Este concluye al lamentar “las situaciones generadas por el Gobierno del Perú que están desestabilizando el turismo dentro y hacia nuestro país”.
Durante los últimos meses también se han llevado a cabo protestas de trabajadores que piden aumentar el aforo del yacimiento.
El 20 de agosto, la ministra de Cultura, Betssy Cávez advirtió que el desgaste del Machu Picchu debería preocupar no solo a los peruanos, sino a toda la humanidad, durante un encuentro con autoridades locales cuzqueñas.