La Agencia de Asuntos Culturales del país, a cargo de la investigación, remitió hoy una serie de preguntas a esta organización sobre algunas de sus prácticas, entre ellas la recaudación de donaciones de sus miembros, que generan dudas sobre su posible ilegalidad.
El primer ministro nipón, Fumio Kishida, ordenó el mes pasado la apertura de esta investigación para determinar si hubo o no incumplimiento de la normativa de organizaciones religiosas.
En caso de hallarse irregularidades, la "Secta Moon" perdería su estatus como grupo religioso con beneficios fiscales, y las autoridades niponas podrían incluso ordenar su disolución, algo que no obstante sería difícil de ejecutar en la práctica.
En particular, se sospecha que la Iglesia de la Unificación podría haber "ejercido una amplia influencia e infligido daños extensos" con su modus operandi, puesto que la organización ha sido obligada a pagar más de 1.400 millones de yenes (unos 9 millones de euros) en un total de 22 demandas civiles presentadas en su contra, según dijo la ministra de Cultura, Keiko Nagaoka, en una rueda de prensa.
La rama japonesa de la Iglesia de la Unificación ha estado en el foco mediático desde el asesinato a tiros de Abe el pasado julio a manos del hijo de una miembro que responsabilizaba al credo de la quiebra de su familia y creía que el exmandatario era simpatizante.
El magnicidio deparó un escrutinio sobre el grupo, conocido por alentar a sus seguidores a hacer importantes donaciones financieras, y sus vínculos con la esfera política japonesa, especialmente con el gobernante Partido Liberal Democrático, lo que ha afectado significativamente a los índices de apoyo del Gabinete de Kishida.