“Estas medidas no constructivas no solo no ayudan a promover los derechos humanos globalmente, sino que perpetúan estereotipos negativos y políticos contra estados soberanos”, dijo en un comunicado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kananí.
La Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU aprobó ayer miércoles por 79 votos a favor, 28 en contra y 68 abstenciones una resolución crítica con Irán por las últimas revueltas y la amplia represión desatada para desactivarlas.
El diplomático calificó esa resolución presentada por Canadá como “partidista”, “inválida” y “anti Irán”, basada en “desinformación” y “generalidades falsas”.
Kananí remarcó que Occidente recurre una vez más a la “iranofobia” para difamar Irán y defendió la promoción de los derechos humanos por parte de la “democracia religiosa” iraní.
La resolución "expresa la grave preocupación por el hecho de que la aplicación de la ley relativa al hiyab y la castidad y su violenta imposición por la policía de la moral iraní menoscaban de manera fundamental los derechos humanos de las mujeres y las niñas".
También hace referencia a la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini, tras ser detenida tres días antes por la Policía de la moral por llevar mal puesto el velo islámico.
La ONU además exhortó a Irán "poner en libertad a todos los detenidos por participar en manifestaciones pacíficas" y "condena el uso generalizado de la fuerza" para dispersarlas.
Las protestas están protagonizadas sobre todo por jóvenes y mujeres al grito de “mujer, vida, libertad”, lanzan consignas contra el Gobierno y queman velos, uno de los símbolos de la República Islámica y algo impensable no hace mucho.
Las fuerzas de seguridad están reprimiendo duramente las protestas, mientras que las autoridades censuran internet y las comunicaciones para tratar de pararlas.
Al menos 326, entre ellos 43 menores de edad, han muerto en la represión policial, según la a ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo.
Además, hasta ahora cinco personas han sido condenadas a muerte por su participación en las movilizaciones, mientras que unas 2.000 han sido acusadas de diversos delitos por manifestarse.