Estos cuatro países instaron también a que cada Estado "ejerza la jurisdicción y el control sobre los buques que enarbolan su pabellón", en referencia a las naves humanitarias de rescate en el mar.
"Italia, Grecia, Malta y Chipre, como países de primera entrada en Europa a través de la ruta del Mediterráneo central y oriental, llevan la carga más pesada de la gestión de los flujos migratorios, en pleno respeto de todas las obligaciones internacionales y las normas de la UE", se indica en una declaración conjunta de Los ministros del Interior italiano, maltés y chipriota y el de Migración y Asilo de Grecia .
Los cuatro países lamentan que "el número de compromisos de reubicación asumidos por los Estados" europeos en el actual plan de migración y asilo "representen sólo una fracción muy pequeña del número real de llegadas irregulares que hemos recibido en lo que va de año".
"Además, hasta la fecha el mecanismo ha demostrado ser lento en la consecución de su objetivo declarado de aliviar la carga a la que todos como Estados miembros de primera línea, están constantemente expuestos, ya que hasta ahora sólo se ha producido un pequeño número de reubicaciones. Esto es lamentable y decepcionante", indican.
A la espera de un mecanismo de reparto "eficaz, justo y permanente", los ministros aseguran "no poder suscribir la idea de que los países de primera entrada son los únicos puntos de desembarco europeos posibles para los inmigrantes ilegales, especialmente cuando se hace de forma descoordinada a partir de una elección de los barcos los buques privados, que actúan con total independencia de las autoridades estatales competentes".
Por todo ello, aseguran que "es urgente una discusión seria sobre cómo coordinar mejor estas operaciones en el Mediterráneo (...) y que todos los Estados de abanderamiento asuman sus responsabilidades en de acuerdo con sus obligaciones internacionales".
"Pedimos a la Comisión Europea y a a la Presidencia que tome las medidas necesarias", añaden.
La declaración de estos cuatro países se produce tras el enfrentamiento abierto entre París y Roma por el rechazo italiano a permitir el desembarco de un barco humanitario de la organización francesa Sos Mediterranée.
El Gobierno de Meloni ha endurecido la política italiana con las ONG, a las que acusa de fomentar el flujo desde África, y ha emitido un decreto por el que solo permite el desembarco en su territorio de los más vulnerables, mientras que el resto deben quedarse dentro para luego ser devueltos a aguas internacionales.
La nueva normativa se aprobó después de que Italia intentara sin éxito que Alemania y Noruega se hicieran cargo de varias barcos de ONG de banderas de esos países y a cuyos pasajeros Roma finalmente acabó dejando desembarcar por razones médicas, aunque no la nave de pabellón francés.