En septiembre, James denunció a la empresa, a Trump y a tres de sus hijos adultos por supuestamente obtener de forma fraudulenta préstamos y beneficios de seguros así como pagar impuestos más bajos, por lo que reclama una indemnización de 250 millones de dólares.
Poco después, la fiscal alegó que Trump y su empresa estaban realizando movimientos "para evadir responsabilidades" y pidió al juez que lleva el caso, Arthur Engoron, tomar medidas, por lo que celebró la decisión como una victoria temprana en el proceso.
Tras la denuncia de James, la Organización Trump "pareció dar pasos para restructurar su negocio" y registró una nueva entidad llamada "Trump Organization II LLC" que la fiscalía describió como una compañía extranjera con sede en el estado de Delaware.
En su orden de hoy, el juez señala que "dadas las falsedades persistentes" incluidas por Trump en su documentación financiera entre 2011 y 2021, un supervisor es "el mecanismo más prudente y adaptado estrechamente a garantizar que no hay más fraude o ilegalidad".
El supervisor se encargará de asegurar que ni Trump ni su empresa transfieran activos materiales a otra entidad sin aprobación judicial y que incluyen la información necesaria en los documentos financieros que entregan a bancos y aseguradoras, según un comunicado de la fiscal.
James opinó en la nota que el magistrado se ha pronunciado a su favor porque "considera que los argumentos en la denuncia tienen posibilidades de tener éxito en el juicio".
Según se desprende de la denuncia de más de 200 páginas, Trump se sirvió de sus hijos mayores, que trabajaron en la empresa, y de altos ejecutivos, para "inflar falsamente su patrimonio neto en miles de millones de dólares" y obtener ventajas.
El expresidente, que tiene otro frente judicial abierto en Nueva York por supuesto fraude en su empresa, ha acusado a la fiscal de estar motivada políticamente e interpuso una denuncia contra ella este miércoles en Florida para obstaculizar su obtención de documentos en este caso.