El periodista Mario Rocabado, de la red de televisión Unitel, se encontraba en el municipio de La Guardia, vecino de la ciudad de Santa Cruz, cuando un grupo que respalda el paro por el censo intentó desbloquear uno de los varios puntos que sectores afines al oficialismo han cortado, lo que no ha permitido el paso de combustibles y alimentos a esa región.
"La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) rechazamos de manera categórica la brutal agresión sufrida por el colega Mario Rocabado, de la red de televisión Unitel, durante la cobertura de los conflictos suscitados en La Guardia", señalaron en un comunicado.
Rocabado, quien permanece hospitalizado, dijo que pese a que se identificó como periodista fue golpeado por un grupo de personas y cuando estaba en el piso recibiendo patadas y palazos escuchó los pedidos de que "lo linchen".
"Me quitaron el micrófono, empezaron a patearme, me dieron con piedras, me robaron mis celulares y mi billetera. No les importó que sean de la prensa, doy gracias a Dios de estar vivo en este momento", contó a medios locales.
Los gremios de periodistas señalaron como "responsables de este ataque" a "integrantes de grupos de choque que pertenecen al Movimiento al Socialismo (MAS) y que son alentados por las autoridades de Gobierno".
La APLP y la ANPB recordaron que Rocabado "no es el único periodista agredido ya sea verbal o físicamente durante las protestas sociales de las últimas semanas en La Paz y en Santa Cruz".
Demandaron al Gobierno de Luis Arce y al "ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que controle a estos grupos de choque", y exigieron que "identifique" a los agresores del periodista de Unitel "para que sean procesados".
Asimismo, hicieron un llamado al diálogo y que las partes en conflicto "depongan toda acción violenta".
Santa Cruz lidera desde hace doce días las protestas para que el censo poblacional se realice en 2023 y sus datos se apliquen en 2025, año en el que están previstas las elecciones generales.
Sectores sociales afines al Gobierno hacen un "cerco" a Santa Cruz con grupos que bloquean los ingresos a la ciudad, zonas industriales y refinerías que abastecen de combustibles.
El paro y el "cerco" han provocado el desabastecimiento de combustibles además de la acumulación de basura en las calles de la ciudad junto a la escasez y encarecimiento de algunos alimentos.
El Gobierno sostiene que la encuesta nacional debe hacerse en 2024 bajo el argumento de razones técnicas, la calidad de los datos y la necesidad de "despolitizar" el proceso.