El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, entregó las preguntas finales a la Corte Constitucional, dos de ellas sobre temas de seguridad y una tercera sobre incentivos tributarios.
"De las tres preguntas entregadas, dos tienen que ver con la seguridad: La una para regular el destino de los bienes decomisados de actividades ilegales y del crimen organizado, y la otra para calificar y tipificar el delito de extorsión" o las llamadas "vacunas", a las que los delincuentes someten a negocios privados, explicó Jiménez.
Esa reforma legal implica la aplicación de sanciones de entre siete y diez años de prisión "a quienes obligan a efectuar negocios con intimidación por pertenecer a un grupo de delincuencia organizada", agregó el ministro.
Una tercera pregunta entregada este lunes "está enfocada en fortalecer el empleo, por lo que se generará un incentivo tributario para las empresas que cuenten con personas mayores a 45 años en su nómina de empleados", añadió.
Según Jiménez, con esa norma las empresas recibirán una deducción adicional del 100 por ciento en el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta.
Además, el ministro dijo que en el caso de una pregunta que permitía el apoyo de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional, se entregó una reforma parcial a la Constitución, pero que primero debe ser tramitada por la Asamblea Nacional (Parlamento).
"No vamos a abandonar un tema que consideramos importante como es el fortalecimiento del rol de las Fuerzas Armadas. Esta pregunta tendrá otros plazos que deben cumplirse de acuerdo a la ley y deberá ser tratado en la Asamblea Nacional", reiteró Jiménez.
La Corte Constitucional tendrá un plazo de veinte días para dar una respuesta a las tres preguntas finales de la consulta impulsada por el Gobierno.
El órgano constitucional aprobó hace pocos días dos preguntas formuladas por el Gobierno para su consulta popular y que sustituían a otras ya rechazadas, entre las ocho formuladas en un principio.
Esas dos preguntas se referían a las funciones y al proceso de elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un organismo encargado de designar a las autoridades de control.
El resto de preguntas validadas por la Corte Constitucional por vía de enmiendas buscan permitir la extradición a otros países de ciudadanos ecuatorianos requeridos por narcotráfico y crimen trasnacional; así como garantizar la autonomía de la Fiscalía en la selección, evaluación y sanción de sus funcionarios.
También fueron aceptadas preguntas para reducir el número de legisladores, exigir un número mínimo de afiliados a los partidos políticos, incorporar un subsistema de protección hídrica en las áreas protegidas y crear mecanismos de compensación económicas para personas que generen servicios ambientales.