De acuerdo con la SIP, la situación "incluso empeoró" con el inicio de la campaña electoral antes de la primera vuelta de las presidenciales, con millones de mensajes ofensivos contra profesionales de la comunicación, especialmente mujeres.
El informe, que debe ser aprobado este domingo por la Comisión de Libertad de Prensa en su 78 Asamblea General, hace alusión a datos divulgados por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), según los cuales desde el 16 de agosto, cuando comenzó la campaña electoral en Brasil, fueron registrados 2,8 millones de mensajes con contenido ofensivo para periodistas, la mayoría en forma digital, mediante las redes sociales.
De ese total, el 86 % fue contra mujeres profesionales del área y la principal víctima durante la campaña fue la periodista Vera Magalhaes, columnista del periódico O Globo y de la emisora CBN, y presentadora de TV Cultura, quien fue ofendida personalmente por Bolsonaro durante el primer debate televisivo de los candidatos antes de la primera vuelta.
EL CASO MÁS EMBLEMÁTICO
El informe de la SIP también hace referencia a las alertas recogidas por la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji), que dice que del total de alertas recogidas este año (353), 81 fueron casos graves "con violencia física, destrucción material de equipos de trabajo, amenazas y asesinatos".
El asesinato del periodista británico Dom Phillips, colaborador del diario The Guardian, fue considerado por la SIP como el caso más emblemático de la violencia contra comunicadores en Brasil.
Phillips fue asesinado junto con el indigenista brasileño Bruno Pereira a comienzos de junio en la selva amazónica brasileña, donde adelantaban una investigación sobre pesca, caza y minería ilegales.
Desaparecidos desde el 5 de junio, sus cuerpos fueron encontrados diez días después a orillas del río Itaquaí.
CENSURA JUDICIAL
Decisiones de la Justicia frente a algunas investigaciones periodísticas, que fueron consideradas como censura, también fueron mencionadas en el informe.
La SIP señaló que entre los casos registrados en los últimos seis meses, uno de los "más flagrantes" fue el del Tribunal de Justicia del Distrito Federal y Territorios, que ordenó al portal UOL retirar del aire dos artículos sobre informes por el pago con dinero en efectivo en 51 de las 107 propiedades adquiridas por la familia Bolsonaro en los últimos 30 años.
El informe también hizo referencia a un caso del periódico O Estado de Sao Paulo por un artículo sobre un club de tiro.
Aunque en ambos casos la Corte Suprema anuló las sentencias, "los medios mostraron su preocupación de que los jueces de primera instancia no respetan el principio constitucional, incluso después de reiteradas sentencias del máximo tribunal del país contra la censura judicial en los últimos años", señaló la SIP.