Esa posibilidad la daba ya la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 durante el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que establecía un plazo de solicitud que concluyó en 2011 y que es sustituida por esta nueva norma.
Ambas leyes otorgan esa posibilidad como "medida reparadora" para las personas que sufrieron el exilio durante la Guerra Civil española (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975).
Pero lo que amplía la nueva norma además es que también pueden optar a ella los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros, antes de la entrada en vigor de la Constitución española de 1978.
También a los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley o en la anterior norma aprobada durante el Gobierno de Zapatero.
La nueva ley de Memoria Democrática da un plazo de dos años desde su entrada en vigor para las solicitudes, que podrá ser prorrogado un año más por el Gobierno español.
Durante el periodo establecido por la anterior norma se concedió la nacionalidad española a 213.787 personas y se presentaron un total de 378.862 solicitudes, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Los países de Iberoamérica acapararon el 95 por ciento de las solicitudes, en especial Cuba, Argentina, México y Venezuela.
La prevalencia del Derecho Internacional Humanitario sobre la ley nacional que estableció una amnistía tras la dictadura y la investigación de posibles vulneraciones de derechos humanos al inicio de la democracia son otras de las novedades de la nueva Ley de Memoria Democrática.
La nueva ley establece de forma expresa que la búsqueda de unos 114.000 desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura corresponderá al Estado, que elaborará un mapa para su localización y creará un banco de ADN de víctimas para la identificación de restos.
La ley declara ilegal tanto el régimen como los tribunales franquistas, así como la nulidad de todas sus condenas, lo que dará derecho a obtener "una declaración de reconocimiento y reparación personal" a las víctimas desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
La consideración de víctima incluye a exiliados, personas LGTBI, niños adoptados sin consentimiento de sus progenitores y las lenguas y cultura vasca, catalana y gallega, entre otros casos.