El Ejecutivo también ofreció a la familia de cada víctima 20 millones de leones (unos 1.210 euros), aunque algunos familiares rechazaron esa ayuda por su descontento con las autoridades.
El entierro, custodiado por soldados y policías, tuvo lugar en el cementerio de Bolima, a las afueras de la capital, Freetown, tras un breve funeral.
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"Las familias han estado trabajando con nosotros a través del proceso desde la identificación de los seres queridos hasta la autopsia. Hemos tenido varias reuniones juntos. Estuvimos de acuerdo en que serán enterrados por el Estado", declaró el ministro sierraleonés de Información, Mohamed Rahman Swarray
"Entiendo el sentimiento de las familias fallecidas de que querían que se les entregaran los cuerpos", si bien primaron motivos de "seguridad nacional" antes de que se les pudiera dar sepultura, agregó Swarray a los periodistas.
El pasado 10 de agosto "fue un día triste para nuestro país", subrayó el ministro acerca de las protestas de esa jornada, en las que murieron también seis policías.
Familiares descontentos
Los familiares del fallecido Hassan Dumbuya expresaron su descontento con el Gobierno y declinaron el dinero de ayuda.
"Rechazamos el dinero como una forma de expresar nuestras quejas hacia el Estado de que no estamos contentos con lo que le habían hecho a la familia. Hemos soportado el asesinato (...). Es inaceptable", dijo el hermano del fallecido, Alusine Koroma, al agregar que no todas las familias aprobaron el entierro por parte del Estado.
La familia de otra víctima, Mohamed Kamara, también manifestó su tristeza y su decepción con el Gobierno por retener su cadáver durante meses.
"Estamos llorando, todos lloran, desde la muerte de Mohamed no hemos sido los mismos. Mohamed Kamara era estudiante de último año en la Universidad Ernest Bai Koroma (...). Hay diferentes versiones (sobre su muerte). Algunos dicen que no fue parte de la protesta, que una bala perdida lo mató camino a su casa", dijo a Efe el portavoz de la familia, Alpha Kamara.
Las Fuerzas de Seguridad sierraleonesas reprimieron con dureza las protestas violentas contra el alto coste de la vida que sacudieron el 10 de agosto a varias partes del país.
El presidente del país, Julius Maada Bio, que interrumpió sus vacaciones en Reino Unido para volver a Sierra Leona, describió las manifestaciones como "un ataque a la democracia" organizado de forma "premeditada" por personas que se identificaron como "guerreros del APC" (siglas del opositor Congreso de Todo el Pueblo).
"Esto no fue una protesta contra el elevado coste de la vida ocasionado por la actual crisis económica global. El cántico de los insurrectos era a favor de un derrocamiento violento del Gobierno elegido democráticamente", aseguró Bio el 12 de agosto en un mensaje dirigido a la nación.
Aunque Sierra Leona logró reducir sus índices de pobreza durante los últimos años, el país se ha visto golpeado por la crisis de la pandemia de la covid-19 y la subida de los precios de productos básicos y del petróleo, impulsada por la invasión rusa de Ucrania.