La controversia volvió a acaparar el protagonismo este lunes en el Congreso, foro en el que el oficialismo y la oposición pugnan por imponer sus ideas sobre como debe proseguir el proceso, que quedó interrumpido el pasado 4 de septiembre tras el aplastante triunfo del rechazo en la consulta popular.
Según adelantó este fin de semana el presidente de la Cámara de Diputados y mediador del diálogo constituyente con el Ejecutivo, Raúl Soto, se espera que a lo largo del día los distintos partidos con representación definan los "bordes" del debate, además de cerrar la puerta a puntos que "generaron temor en la ciudadanía".
El marco de la conversación será con "límites dentro de una República democrática y un Estado de derecho como el que hemos tenido en la tradición constitucional chilena", descartando que se incorporen temas como la plurinacionalidad o los sistemas de justicia de la propuesta constitucional anterior, explicó.
"Respecto de eso no hay ninguna posibilidad de volver a abrir la puerta a que se repita esa forma", enfatizó en una entrevista con la edición del diario El Mercurio en la región septentrional minera de Antofagasta.
PUGNA SOBRE EL NUEVO SISTEMA CONSTITUYENTE
El nudo que se empezará a trabajar con mayor detalle este lunes es el del mecanismo constituyente, es decir, definir el órgano que redactará la nueva carta magna chilena y los criterios para su conformación.
Desde las fuerzas oficialistas y de centro-izquierda se apuesta por un espacio cien por cien electo, paritario y con escaños reservados, además de un comité de expertos que asesore la discusión que podría extenderse seis meses.
De igual forma, se espera una contrapropuesta por parte de las fuerzas de derecha -con excepción del ultraderechista Partido Republicano, que no participa del diálogo- que ya han criticado los lineamientos del oficialismo.
Las conversaciones se sostendrán durante toda la jornada y se repetirán el resto de la semana, con miras a preparar un encuentro oficial para el próximo jueves.
El proceso constituyente chileno se cristalizó luego de la masiva ola de protestas que remecieron al país a fines de 2019, una retahíla de manifestaciones a lo largo de todo el territorio que dejó miles de heridos, centenares de mutilados oculares por acción de agentes del Estado y una treintena de muertos.
Como salida institucional a la crisis, los partidos dieron paso a una Convención Constitucional que operó durante un año, cuya propuesta final fue desechada en un plebiscito y dejó al Congreso como el actor protagónico para dar continuidad al cambio de la ley fundamental heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y reformada parcialmente en democracia.