"Quien sea condenado en virtud de la Ley de Prohibición no tiene nada que hacer en una función pública", declaró la ministra de Justicia, la ecologista Alma Zadic, al anunciar el plan para modificar la legislación.
La decisión del Gobierno es una reacción al revuelo desatado al conocerse que el ejército austríaco mantiene en sus filas a un militar profesional condenado a un pena condicional de diez meses de cárcel por salir repetidas veces a la vía pública vestido con un uniforme de las SS y por hacer el saludo nazi.
Introducida dos años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la llamada "Ley de Prohibición" ilegalizó en Austria todas las organizaciones nazis.
En 1992 fue ampliada para incluir la prohibición de negar, minimizar, aprobar o justificar los crímenes del nacionalsocialismo, especialmente el Holocausto judío, delito de "negacionismo" penado con hasta diez años de cárcel.
En un comunicado, Zadic y la ministra para la Constitución, la democristiana Karoline Edstadler, subrayaron que en el futuro cualquier funcionario público que sea condenado en firme por esa ley perderá automáticamente su puesto de trabajo.
"Cualquier forma de glorificación del nacionalsocialismo es un ataque intolerable a nuestra sociedad democrática. Debe haber una tolerancia cero", subrayó Edstadler.
Con rango de suboficial, el soldado que desató una ola de indignación fue procesado por salir cinco veces a la calle en uniforme de las SS, con casco nazi, y por hacer en la cantina de un campo de fútbol el saludo nazi delante de varias personas.
El jurado del tribunal aceptó como eximente que el soldado estuviera borracho cuando salió a la vía pública vestido de nazi.
Tras esta sentencia inicial, un órgano disciplinario del Ejército austríaco condenó al hombre a una multa de 4.968 euros, menos de dos salarios mensuales del militar, sin expulsarlo de las fuerzas armadas.
Según la legislación vigente en Austria, la expulsión automática de un funcionario público condenado por la "Ley de Prohibición" solo se produce cuando la Justicia impone una pena mayor de un año de cárcel y es esta disposición la que será modificada, según el Gobierno.