Estos términos fueron comprendidos en una "Resolución sobre la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua", que fue aprobada por aclamación antes del cierre de la LII Asamblea General de la OEA, celebrada en Lima.
La resolución también reclamó que se "ponga fin a la intimidación y el acoso judicial, administrativo y de otro tipo" contra periodistas, especialmente mujeres, "y contra los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales".
Exigió, además, al Gobierno de Daniel Ortega que "garantice la integridad física, mental y moral, la libertad y el derecho a la vida de todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente", y que libere "inmediatamente a todos los presos políticos, en cumplimiento de las decisiones y recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".
En ese sentido, solicitó que "cese la represión y la detención arbitraria de los líderes de la Iglesia católica" y exhortó a todos los estados de la región para que "implementen una estrategia basada en un enfoque integral de derechos humanos y de género".
Ese enfoque debe abordar "los factores que contribuyen al desplazamiento de las personas nicaragüenses y su necesidad de protección, incluyendo el otorgamiento de asilo y otras medidas de protección".
La resolución pidió al Gobierno de Nicaragua que "conceda acceso pleno y sin obstáculos a su territorio a los organismos internacionales de derechos humanos en un espíritu de transparencia y rendición de cuentas" y solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que "continúe monitoreando la situación de los derechos humanos" en el país centroamericano.
Por otra parte, la OEA recordó al Gobierno de Nicaragua "el deterioro de las condiciones económicas y sociales del país, derivadas de su actuación" y lo animó "a aceptar las ofertas de cooperación regional e internacional para devolver a la nación al camino de la democracia, el Estado de derecho y el progreso pacífico para todos sus ciudadanos".
Además solicitó al Consejo Permanente "que se mantenga al tanto de la situación política y de derechos humanos" en Nicaragua e invitó a los estados miembros a crear una comisión de alto nivel "con el mandato de ofrecer al Gobierno de Nicaragua la oportunidad de discutir todos los asuntos pertinentes".
En la parte considerativa de la declaración, la OEA tomó nota de que "han sido ignoradas" las declaraciones del Consejo Permanente en apoyo al restablecimiento de la institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos, así como sus ofrecimientos de asistencia al Gobierno de ese país.
Antes de la aprobación, la representación de Honduras pidió que se incluya un pie de página que señale que "en estricto apego a los principios del derecho internacional y, en particular, al principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados, considera que esa situación debe resolverse entre los y las nicaragüenses a fin de propiciar la armonía y el entendimiento de esa nación hermana".
El proyecto de esta resolución fue considerado por el Consejo Permanente en su sesión ordinaria celebrada el 28 de septiembre pasado y remitido al plenario de la Asamblea General de la OEA para su debate y aprobación en Lima.