Durante tres días, especialistas de Panamá, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú, entre otros, compartieron las buenas prácticas de sus respectivos países en cuanto a los mecanismos de control, incautación, almacenamiento y neutralización del mercurio ilícito que se destina, en gran parte, a la minería ilegal de pequeña y mediana escala.
El objetivo de este foro, según explicó a EFE el gerente de proyectos del departamento contra la delincuencia organizada transnacional de la OEA, John Grajales, es "tratar de extender buenas prácticas a nivel hemisférico" para "atacar las estructuras financieras, las mafias" que se lucran del comercio irregular de mercurio en la región.
"Muchas veces estas mafias de la minería ilegal son las que establecen las redes del tráfico ilícito de mercurio (...) si atacamos a la gente que realmente se está enriqueciendo a partir de la minería ilegal, las personas (mineros) informales van a tener que formalizarse y tener un nivel de explotación mucho más limpio", apostilló Grajales, tras recordar que "la minería ilegal y el tráfico ilícito de mercurio son los principales contaminantes del medio ambiente" en América Latina.
Una de las conclusiones de este foro, explicó, ha sido comprobar la existencia de "asimetrías en los marcos legales de los países, que incentivan o exacerban el comercio ilegal de mercurio".
"Por ejemplo, en Colombia y Ecuador es prohibida la importación de mercurio y aquí en Perú es permitida para algunos casos específicos, para usos industriales que todavía prevalecen en el uso del mercurio", puntualizó.
Grajales insistió, en este sentido, en que "en la medida en la que se presenten esas asimetrías obviamente va a crearse un nicho para el mercado negro y, en la medida en que haya mercado negro, obviamente va a seguir el fenómeno de la contaminación por mercurio en el ambiente".
Agregó que, pese a la incertidumbre existente sobre la procedencia de esta sustancia, "preocupan" los casos de Bolivia y México, considerados los principales productores de mercurio a nivel regional.
El taller, que arrancó el martes y finaliza hoy en un hotel del distrito limeño de Miraflores, congregó a una treintena de especialistas que recogerán sus conclusiones en una "agenda" que auguran seguir trabajando para replicar las experiencias positivas de algunos países de la región.
Uno de los participantes fue Jairo Porras, quien integra la Fiscalía General de la Nación de Colombia en calidad de fiscal especializado en asuntos ambientales.
"Latinoamérica, o gran parte de Latinoamérica, como mínimo la comunidad andina de naciones, compartimos unas áreas geográficas en donde hay riqueza en el subsuelo y esta riqueza hace que los fenómenos delictivos mineros sean comunes con algunas aristas o dinámicas diferentes", comentó a EFE Porras.
El fiscal señaló que, entre las principales conclusiones del foro, figura la necesidad de trabajar "más unidos y buscar estrategias conjuntas" para "atacar de manera colectiva o por lo menos coordinada" un fenómeno transnacional que afecta a muchos países de la región.
El taller sobre el comercio y el almacenamiento irregular de mercurio para la minería ilegal forma parte de las actividades paralelas al quincuagésimo segundo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, que Perú acoge desde ayer y que se prolongará hasta el viernes.