Así lo informó este martes Manuela Goretti, quien encabezó una misión del FMI sobre la tercera revisión del cumplimiento de Costa Rica al Acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) firmado en 2021, mediante el cual el país centroamericano accedió a un financiamiento en tractos por 1.778 millones de dólares a cambio de una serie de objetivos de estabilización de las finanzas.
"Llegamos a un acuerdo a nivel técnico sobre la tercera revisión y sobre la solicitud de para acceso a recursos financieros del SRS (Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad) por 710 millones de dólares", declaró Goretti.
La representante dijo que el directorio del FMI analizará la solicitud de 710 millones de dólares y explicó que se trata de fondos a bajas tasas, con 10 años de gracia y a 20 años plazo que pueden "respaldar la agenda ambiciosa de Costa Rica para desarrollar resiliencia al cambio climático y realizar una transición hacia una economía de carbono cero".
Sobre el acuerdo vigente desde 2021, Goretti destacó el desempeño de Costa Rica a pesar de choques externos que han causado presiones inflacionarias, en el tipo de cambio y desaceleración económica, además del impacto de la pandemia de la covid-19, ataques cibernéticos y difíciles condiciones financieras internacionales.
"Nos tranquiliza que a pesar de los choques las autoridades están tomando medidas importantes y que las metas fiscales se cumplieron holgadamente y que las autoridades están encaminadas a superar el objetivo de balance primario para 2022", comentó.
Costa Rica y el FMI acordaron, a comienzos de 2021, una financiación a través del SAF por 1.778 millones de dólares desembolsables en tractos hasta el año 2024, ante lo que el Gobierno costarricense se comprometió a cumplir metas como eliminar el déficit primario en el año 2023 y bajar la deuda al 50 % del PIB en 2035.
Esta es la tercera revisión del SAF para Costa Rica. En las otras dos revisiones de los compromisos, el FMI hizo dos desembolsos por un total de 569 millones de dólares.
Goretti recomendó este martes a Costa Rica implementar en su totalidad una ley de empleo público que busca ordenar las escalas salariales del sector público y reducir pluses, además de no aplicar modificaciones a la regla fiscal vigente sin antes "analizar cuidadosamente y no apresurarse".
El presidente Rodrigo Chaves ha dicho públicamente que se opone a la ley de empleo público e impulsa una serie de cambios a la regla fiscal para excluir a varias instituciones.
Goretti también recomendó país avanzar hacia una estrategia de endeudamiento plurianual, y no anual como en la actualidad, con el fin de "fortalecer la gestión de la deuda".
Acerca de la intención del Gobierno de vender el estatal Banco de Costa Rica y la mitad de las acciones del Instituto Nacional de Seguros para pagar deuda, Goretti dijo que esas iniciativas no forman parte del acuerdo bilateral y que se tratan de decisiones soberanas.
Costa Rica cerró el año 2021 con un déficit fiscal de 5,18 % del Producto Interno Bruto (PIB), inferior al del 2020 que fue del 8,03 %, mientras que el déficit primario fue del 0,28 % del PIB.
La deuda siguió en ascenso y se situó en el 70,37 % del PIB en 2021.