Convocados a las 10:00 horas en la sede del exCongreso Nacional en Santiago, miembros de la mayoría de los partidos con representación parlamentaria se dieron cita para encaminar el proceso constituyente, abierto y en manos del Legislativo luego de que el pasado 4 de septiembre un 62 % de los chilenos rechazara en un histórico plebiscito la propuesta de ley fundamental emanada de una convención.
La decisión de la administración encabezada por Gabriel Boric de no participar en este encuentro se dio luego de que la derecha manifestara su molestia porque, a su juicio, La Moneda dio por cerrados acuerdos inexistentes la semana pasada, instando luego a que salieran del espacio.
"No pretendo pautear al Congreso respecto de cuál es el contenido del acuerdo (...) Lo que espero que pase es que tengamos una nueva Convención, con bordes más claros, que eso lo tienen que definir en la conversación que se está teniendo hoy en el Congreso", señaló desde su gira en Estado Unidos el jefe de Estado chileno.
Desde su perspectiva, el proceso debe contemplar "plazos quizás más acotados, tomando en cuenta la experiencia anterior; y con apoyo del comité de expertos o de gente que contribuya a hacer la discusión más fácil y digerible para todos”.
En la misma línea, Boric trazó la necesidad de lograr una carta magna con definiciones más generales que la propuesta anterior, que "no tiene que abordar cada una de las demandas identitarias que existen en la sociedad”.
Los dichos del mandatario fueron considerados por algunos sectores del oficialismo como un guiño a la oposición, que días antes habló de establecer "bordes o límites" que enmarcaran la redacción de la nueva Constitución.
Por su parte, el presidente del Senado y militante del Partido Socialista (PS), Álvaro Elizalde, apuntó el pasado jueves la necesidad de un diálogo amplio.
“Estamos en el proceso de diálogo para generar un mejor clima y, tal como lo señalamos, nadie puede ser excluido, nadie debe ser excluido del proceso de diálogo para la nueva Constitución, ningún actor político y, por cierto, tampoco el Gobierno”, declaró.
El proceso constituyente chileno se cristalizó luego de la masiva ola de protestas que remecieron al país a fines de 2019, una retahíla de manifestaciones a lo largo de todo el territorio que dejó miles de heridos, centenares de mutilados oculares por acción de agentes del Estado y una treintena de muertos.
Como salida institucional a la crisis, los partidos dieron paso a una Convención Constitucional que operó durante un año, cuya propuesta final fue desechada en un plebiscito y dejó al Congreso como el actor protagónico para dar continuidad al cambio de la ley fundamental heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y reformada parcialmente en democracia.