La retransmisión por videoconferencia mostraba cómo el antiguo jefe de Estado durante el régimen del Jemer Rojo (1975-1979), vestido de blanco, con mascarilla y sentado en una silla de ruedas, escuchaba con rostro impasible a través de unos enormes auriculares negros cómo el juez reafirmaba la cadena perpetua de 2018 por genocidio de minorías vietnamitas.
La decisión, que sus abogados trataron de revertir alegando errores procesales, tenía poca influencia sobre su futuro, pues ya pesaba sobre él desde 2014 otra condena de cadena perpetua por crímenes contra la humanidad, pero significa el fin de este tribunal especial, que desde 2006 ha procesado a cinco altos dirigentes del Jemer Rojo y condenado a tres (dos murieron antes de poder ser condenados).
ÚLTIMO LÍDER VIVO
A sus 91 años, Samphan es el último de los máximos dirigentes con vida del brutal y delirante régimen de los jemeres rojos, que costó la vida a entre 1,7 y 2,2 millones de camboyanos, en torno al 25 % de la población del país, en asesinatos en masa, hambrunas y extenuación en su intento de crear una utopía agraria que dejó la capital, Nom Pen, vacía.
Fue tras la liberación de Nom Pen por el Ejército vietnamita en 1979 cuando el mundo comenzó a conocer la magnitud del desastre y llegaron a los medios de todo el mundo las imágenes de las montañas de calaveras y las fosas comunes en los campos de exterminio (hoy convertidos en reclamo turístico).
Nacido en 1931 en una familia acomodada y doctorado en Ciencias Económicas en París con una tesis anticapitalista, Samphan pergeñó la política agraria del Jemer Rojo y acabó con los años por ser su voz intelectual, portavoz y representante oficial, mientras seguía con lealtad a Pol Pot, el jefe histórico de la organización extremista.
Fue investido presidente de la República Democrática de Kampuchea en 1976, al año siguiente de que los jemeres rojos asumieran el poder por la fuerza.
Perdida la capital, Nom Pen, ante el Ejército vietnamita, se convirtió en la cabeza visible del denominado Gobierno de Kampuchea Democrática en Pekín, hasta sustituir de forma nominal a Pol Pot en 1985.
TRES CONDENAS
Los otros dos condenados por el tribunal murieron mientras cumplían sus condenas de cadena perpetua: Kaing Guek Eav (alias Duch), director del principal centro de interrogaciones y ejecuciones durante el régimen, falleció en 2020, y el "número 2" del régimen, Nuon Chea, falleció en 2018.
El tribunal, creado nominalmente en 1997 pero activo desde 2006 con el nombre oficial de Cámaras Extraordinarias de las Cortes de Camboya (CECC), ha seguido un sistema híbrido al estar compuesto por jueces locales y extranjeros que aplican leyes camboyanas e internacionales.
Una de las razones de su pobre bagaje es la lentitud de los procesos unida a la avanzada edad de los acusados que hace que algunos altos cargos del régimen hayan ido muriendo en los últimos años, incluidos el exministro de Asuntos Exteriores Ieng Sary y su esposa y exministra de Asuntos Sociales, Ieng Thirith, que fallecieron en 2013 y 2015 respectivamente, antes de ser juzgados.
Pol Pot, el líder de este régimen murió en 1998 oculto en la selva camboyana y no pudo ser juzgado.
INTERFERENCIAS POLÍTICAS
La acción del tribunal también se ha visto entorpecida por las interferencias políticas del gobierno, que ha intentado limitar el número de procesos (el actual primer ministro, Hun Sen, fue un jemer rojo), y la actuación de los jueces camboyanos, que han presionado para desestimar nuevos casos.
El último ejemplo es el de Meas Muth, antiguo jefe de la Marina bajo el régimen, cuyo proceso por genocidio y crímenes contra la humanidad fue cerrado en falso el pasado año al considerar los jueces camboyanos que Muth no tenía suficiente responsabilidad.
El tribunal también ha sido criticado por su alto coste, más de 300 millones de dólares, sufragados en gran parte por donaciones internacionales.
El mayor donante, Japón (88 millones de dólares), se congratuló hoy en un comunicado de su Ministerio de Exteriores del fin del proceso con la condena a Samphan y recalcó que los juicios contribuyen a "reforzar el imperio de la ley" en Camboya.
En la misma línea, Amnistía Internacional (AI) apuntó que el tribunal ha demostrado que "la responsabilidad para los crímenes más graves no tiene fecha de caducidad" y recordó que el apoyo a las víctimas del régimen del Jemer Rojo no termina con esto.
Aunque ya no se celebrarán más vistas, el tribunal mantendrá cierta actividad durante los próximos tres años para funciones menores como la gestión de los archivos y otras labores internas.