Boric respondía así a la polémica desatada por la salida de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, cuya dimisión aceptó el mismo jueves después de que se conociera que una de sus asesoras contactó al líder radical mapuche por teléfono en mayo pasado, en plena escalada violenta de un conflicto ancestral entre colonos, el estado chileno, las comunidades mapuche y las multinacionales agrícolas y madereras que explotan bosques milenarios.
“Puedo asegurar con certeza que yo no le he encargado a ningún ministro, ministra y a ningún funcionario de Gobierno contactarse con Héctor Llautil en ninguna circunstancia”, afirmó el mandatario desde Atacama, en la zona norte del país, donde se encuentra de gira.
“Nosotros dimos desde un comienzo un mandato general a todos nuestros colaboradores de conversar con quienes estuvieran por el camino de la paz (...) el señor Llaitul claramente decidió tomar otro camino y, por lo tanto, doy esa garantía de que no he dado esa instrucción”, agregó el jefe de Estado.
UNA POLÉMICA LLAMADA
En la misma línea, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló minutos antes que “las gestiones para intentar establecer un vínculo con Llaitul no fueron instruidas, avisadas ni informadas por parte de la ministra de Desarrollo Social. Por lo mismo, la ministra asumió su responsabilidad política”.
“Más allá del principio de buena fe que tuvo la ministra, no corresponde que este tipo de intentos de gestión, de conversación, se den sin instrucción y sin ser tampoco avisadas a quienes corresponda”, agregó.
La conversación entre la asesora de la exministra y el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), fechada el pasado 11 de mayo, quedó registrada en un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) revelado ayer por la prensa local, el mismo día en que Llaitul llamó a “organizar la resistencia armada” contra el “estado de excepción decretado en las conflictivas regiones de Biobío y La Araucanía.
MOMENTO POLÍTICO CRÍTICO
El arresto de Llaitul se produjo este miércoles en un restaurante de la localidad meridional de Cañete, en medio de un recrudecimiento de los sabotajes en el sur y a apenas 15 días del crucial plebiscito obligatorio en el que los chilenos deberán decidir si aprueban o rechazan la Constitución que debe sustituir a la redactada en 1980 por la dictadura.
El Juzgado de Garantía de Temuco acusó el jueves al líder mapuche de los delitos de usurpación violenta, incitación a la destrucción de instalaciones privadas y el robo de madera por casi 90 millones de pesos (unos 100.000 dólares) y decretó que permanezca en prisión preventiva por 30 días mientras dura a investigación.
Con 54 años, Llaitul es uno de los principales líderes de la CAM, organización activa desde 1997 a la que se responsabiliza de múltiples sabotajes y atentados incendiarios contra maquinaria forestal en la zona sur del país.
SIGLOS DE CONFLICTO
Dicha área fue ocupada militarmente por el Estado chileno a través de un proceso conocido oficialmente como la Pacificación, una política de despojo de tierras consideradas ancestrales y represión sistemática hacia fines del siglo XIX.
A diferencia de otras agrupaciones que en los últimos años se han descolgado de su seno, la CAM tiene un acerbo político ideológico desarrollado con dedicación, apuntando al "control territorial" como vía para alcanzar la autonomía y pavimentar el camino hacia la "liberación nacional" mapuche.
En este contexto, son frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria y predios, y el conflicto ha costado la vida a un gran número de comuneros mapuches a manos de agentes del Estado, registrándose además la muerte de policías y huelgas de hambre de presos indígenas.