En un artículo publicado en el diario "Global New Light of Myanmar", el medio oficialista birmano, el Ministerio de Exteriores señaló que "tomó conocimiento" sobre la "emisión de declaraciones por parte de determinados países y organismos", entre ellos las Naciones Unidas, y destacó que se trata de afirmaciones que "carecen de autenticidad".
"Los contenidos y hechos relatados en sus declaraciones no solo carecen de autenticidad y son de fuentes no verificables, sino que también se considera que son unilaterales e interfieren en los asuntos internos de Birmania" (Myanmar), señala la nota.
La víspera, cuando se cumplieron cinco años del inicio de la campaña militar de 2017 en respuesta al ataque de insurgentes rohinyás, diversos países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, así como la Unión Europea, reiteraron en un comunicado conjunto su "compromiso" de hacer que "los perpetradores de estas violaciones y abusos rindan cuentas".
Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, igualmente pidió justicia para las víctimas y recordó que los autores de todos los crímenes internacionales cometidos en Birmania deben rendir cuentas.
"La justicia para las víctimas contribuirá a un futuro político sostenible e inclusivo para el país y su pueblo", señaló en un comunicado la víspera.
Hace cinco años, la respuesta de los militares birmanos a los ataques de rebeldes contra instalaciones policiales incluyeron asesinatos, torturas, violaciones y quema de casas en el estado Rakáin (Arakan), además de provocar el desplazamiento de casi 774.000 rohinyás a Bangladesh.
La violencia extrema generó un aluvión de críticas por parte de la comunidad internacional y fue calificada como limpieza étnica, crímenes de lesa humanidad y genocidio por investigadores de la ONU y ONG como Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional (AI).
Sin embargo, el Ministerio de Exteriores expresó este viernes que los "incidentes" que comenzaron el 25 de agosto de 2017 fueron "desencadenados por los ataques coordinados y simultáneos del grupo terrorista ARSA (Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán) contra 30 puestos policiales", por lo que los militares tomaron las "medidas necesarias".
"Esos ataques terroristas resultaron en bajas tanto del personal de seguridad como de civiles inocentes. En este sentido, con miras a garantizar el predominio de la seguridad, la paz y la estabilidad de la localidad y la gente, el personal de seguridad tuvo que tomar las medidas necesarias", reza el comunicado.
El arquitecto de aquellas violentas operaciones fue el entonces jefe del Ejército, el general Min Aung Hlaing, quien tomó el poder en un golpe de Estado en febrero de 2021 y hoy ejerce como el jefe de la junta militar que gobierna el país.
Así, los supuestos crímenes continúan impunes, pese a las investigaciones en la Corte Internacional de Justicia y en la Corte Penal Internacional, y han llevado a la comunidad internacional a alzar la voz contra las nuevas violaciones de derechos humanos que se llevan a cabo en el país.
Desde el golpe militar, que derrocó al Gobierno de Suu Kyi y sumió a Birmania en una profunda crisis política, económica y social, hasta el martes 2.138 personas han muerto por la represión de las autoridades, mientras que casi 15.000 individuos han sido arrestados de forma arbitraria, según los datos de la Asociación para la Asistencia de los Presos Políticos.