Trang, detenida en octubre de 2020, fue condenada por "producir, almacenar, diseminar o propagar información, materiales y productos que persiguen oponerse a la República Socialista de Vietnam".
La confirmación de la sentencia era lo esperado para sus abogados, ya que Trang, de 44 años y ganadora del premio Press Freedom de Reporteros sin Fronteras, se negó a admitir su culpabilidad para tratar de obtener una rebaja de la pena.
Emerlynne Gil, directora regional adjunta de Investigación de Amnistía Internacional declaró antes de la confirmación de la pena que la activista "nunca debió ser condenada a nueve años de prisión" y alertó sobre "informes preocupantes sobre la fragilidad de su salud".
Por su parte, Phil Robertson, subdirector de Human Rights Watch en Asia, pidió el fin de "estos abusos" por parte del Gobierno vietnamita y criticó que Trang se convirtió en objetivo de las autoridades "por alzar la voz contra la injusticia, exponer violaciones de derechos humanos y apoyar a prisioneros políticos y sus familias".
Trang, que comenzó su carrera periodística trabajando para la prensa estatal, controlada por órganos del Partido Comunista, perdió en 2009 su empleo por lucir una camiseta contra una explotación minera altamente contaminante en el centro del país.
Desde entonces fue convirtiéndose en una de las activistas más molestas para el régimen, sobre todo a raíz de la creación en 2014 de una publicación online independiente en que analizaba de modo crítico la situación política del país.
En 2016 fue arrestada cuando acudía a Hanói para intentar asistir a un encuentro del entonces presidente de EE.UU., Barack Obama, con activistas durante su visita de Estado y en 2018 fue hospitalizada tras recibir una paliza propinada por policías de paisano, según la web especializada The 88 Project.
Su detención en octubre de 2020 se produjo después de su implicación en la publicación en las redes de un libro periodístico sobre el conflicto por la confiscación de tierras en Dong Tam, cerca de Hanói, uno de los episodios más violentos entre ciudadanos y autoridades en los últimos años, que se saldó con la muerte de tres policías y un líder vecinal.
Según las estadísticas de Amnistía Internacional, Vietnam tiene al menos 128 presos de conciencia, aunque la organización disidente Defend the Defenders eleva esta cifra a más de 250.