Así, toda relación sexual sin consentimiento será agresión, haya o no violencia o intimidación.
Esta cuestión cobró relevancia en España con el caso de La Manada, cinco jóvenes condenados primero a 9 años de prisión cada uno de ellos por abusos sexuales cometidos en grupo contra una mujer de 18 años en 2016, lo que generó manifestaciones feministas masivas de protesta al grito de "¡Solo sí es sí!".
Posteriormente, el Tribunal Supremo consideró que se trataba de una violación (agresión sexual) y elevó la pena a 15 años.
Ahora, según la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, el consentimiento expreso pasará a ser la pieza clave para juzgar los delitos sexuales.
"Sólo se entenderá que hay consentimiento -dice la ley- cuando se haya manifestado libremente, mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona".
Las víctimas ya no tendrán que acreditar que han sufrido violencia o que se han resistido. Todo acto sexual sin consentimiento será agresión en el Código Penal español.
La ley, una iniciativa del Ministerio de Igualdad, que dirige la izquierdista Irene Montero, ha tenido enfrente a los conservadores (Partido Popular) y la extrema derecha (Vox), pues consideran que carece de seguridad jurídica, viola derechos fundamentales y supone la desprotección jurídica de las víctimas.
Vox tachó la norma de "infame" porque "el objetivo no es proteger a la mujer sino atacar al hombre".
Los partidos que apoyan al Gobierno, formado por los socialistas y los izquierdistas de Unidas Podemos, subrayaron que la ley es "la conquista" y "el logro de la reivindicación del movimiento feminista".
La ley considera también ilícita la publicidad que contribuya a promover la prostitución y reconoce el derecho a la residencia y al trabajo de sus víctimas que se encuentren en situación irregular, en el marco de las autorizaciones excepcionales recogidas en la ley de extranjería.
La ley consigna la asistencia integral a las víctimas de delitos sexuales y medidas para mejorar la prevención y detección de estos casos.
La norma prevé una pena de multa de uno a tres meses para quien reenvíe imágenes de terceros que hayan sido grabadas sin autorización de la persona afectada y que menoscaben gravemente su intimidad.