Según explicó en su portal el periódico Antena 3, esta ley “mantiene la modificación del Código Penal para eliminar la distinción entre abuso y agresión sexual, por lo que con esto el consentimiento expreso se considerará clave al momento de juzgar los delitos sexuales”.
Conocida como la ley del “solo sí es sí”, la nueva norma “de garantía integral de la libertad sexual” fue aprobada por el Congreso hoy.
El texto, que implica una reforma del Código Penal español, sitúa en el centro el “consentimiento”, que solo se entenderá “cuando se haya manifestado libremente mediante actos que (...) expresen de manera clara la voluntad de la persona”.
La utilización de violencia o de intimidación ya no serán, por tanto, necesarias para tipificar un delito de violación, como ocurría hasta ahora.
“Por fin nuestro país reconoce por ley que el consentimiento es lo que tiene que estar en el centro de todas nuestras relaciones sexuales”, se congratuló Irene Montero, ministra de Igualdad del gobierno de Pedro Sánchez, a las puertas del Congreso.
“La Manada”
Esta cuestión fue clave en el caso de “La Manada”, la violación grupal en 2016 a una joven de 18 años durante las fiestas de San Fermín en Pamplona (norte) por parte de cinco hombres que grabaron los hechos, jactándose de sus acciones y compartieron las imágenes por WhatsApp.
Su condena en primera instancia, en abril de 2018, fue a nueve años de prisión por el delito de “abuso sexual” . Definido por la ausencia de violencia o intimidación, este delito, que implicaba penas menos estrictas, desaparecerá ahora con la nueva ley.
Esa primera pena provocó masivas movilizaciones de mujeres en España bajo el lema “Yo sí te creo”, además de numerosas peticiones para endurecer el Código Penal.
Fuera del país, el caso generó nutridas movilizaciones feministas en Chile.
Finalmente, en junio de 2019, el Tribunal Supremo español corrigió la sentencia y consideró que sí hubo violación, por lo que elevó a 15 años de cárcel las penas para los acusados.
Desde su llegada al poder en junio de 2018, el gobierno del socialista Pedro Sánchez prometió la adopción de una ley sobre el consentimiento explícito.
La norma contempla también como delito el acoso callejero, desarrolla la educación sexo-afectiva en la escuela y refuerza la atención y compensación de las víctimas de violencia sexual.
Esta ley que refuerza los recursos contra la violencia sexual era “esperada y deseada”, dijo en julio a Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, una de las organizaciones feministas más