El diario "Global New Light of Myanmar", en medio oficialista birmano, no realiza en su edición de hoy ni una mención a la campaña militar del 25 de agosto de 2017 iniciada en respuesta al ataque de insurgentes rohinyás contra varios puestos policiales.
La reacción de los militares, que incluyó asesinatos, torturas, violaciones y quema de casas en el estado Rakáin (Arakan), fue calificada de limpieza étnica, crímenes de lesa humanidad y genocidio por investigadores de la ONU y ONG como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI).
El arquitecto de las operaciones y jefe del Ejército, el general Min Aung Hlaing, tomó el poder en un golpe de Estado en febrero de 2021, por lo que los supuestos crímenes continúan impunes, pese a las investigaciones en la Corte Internacional de Justicia y en la Corte Penal Internacional.
"Este aniversario es una recordatorio inquietante de que ni un militar birmano ha sido procesado por la indignante campaña de violencia contra los rohinyás", dijo la subdirectora regional de Campañas de Amnistía AI, Ming Yu Hah.
"Amnistía Internacional muestra su solidaridad con el pueblo rohinyá que están en Rakáin y con los estimados un millón de refugiados que viven tras la frontera en Bangladesh", agregó Ming en un comunicado.
En Birmania, los rohinyás, decenas de miles de ellos en campos de desplazados, carecen de libertad de movimiento y también tienen restricciones para acceder a sanidad, educación y hasta trabajar, al tiempo que las autoridades les niegan la ciudadanía.
Por otro lado, en torno a un millón de rohinyás viven hacinados en campos de refugiados en Bangladesh, con problemas sanitarios, educativos y de habitabilidad, que se suman a la criminalidad, tráfico de drogas y asesinatos que ocurren de noche cuando los trabajadores humanitarios terminan su jornada.
Las operaciones militares de 2016 y 2017 contra esta minoría de mayoría musulmana están siendo investigadas por supuesto genocidio en la Corte Internacional de Justicia y por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional.
Además, un tribunal en Argentina también ha iniciado un proceso contra los generales birmanos responsables en virtud del principio de la justicia universal.
En un comunicado, HRW pidió a la comunidad internacional un esfuerzo coordinado para que los militares birmanos respondan ante la justicia y recordó que hay unos 600.000 rohinyás que viven bajo la opresión en Rakáin, en el oeste birmano.
"Los países donantes deberían apoyar a los refugiados rohinyás para que puedan estudiar y trabajar libremente y con seguridad para que puedan construir futuros sostenibles", declaró la directora de HRW para Asia, Elaine Pearson.
La ONG lamentó que los rohinyás son detenidos en Birmania cuando tratan de huir buscando un futuro mejor, mientras que miles de ellos languidecen de manera indefinida en centros de detención para migrantes en Malasia, India y Tailandia.