"Suspender la fumigación aérea para cultivos ilícitos no es permiso para sembrar más plantas de coca. Hay que implementar de inmediato el PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos), adicionado con sustitución de tierras y proyectos de agroindustrialización de cultivos lícitos en propiedad del campesinado", expresó el mandatario en Twitter.
Petro agregó que los pagos mensuales para "revitalizar la selva" harán parte de los mecanismos del PNIS en las reservas naturales.
"Donde no se realicen acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos, se procede con la erradicación forzosa", aclaró Petro.
El mandatario ya había explicado el miércoles —en una declaración con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez— que el objetivo de revivir el PNIS es "intensificar el diálogo entre el Estado y el campesinado productor de hoja de coca de Colombia, que es el más marginado geográficamente del país", para "construir alternativas de sustitución de cultivos".
La Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP, por su sigla en inglés) dijo en julio que Colombia produjo el año pasado 972 toneladas de cocaína, un 2,2 % menos que las 994 toneladas de 2020, y registró 234.000 hectáreas de cultivo, un 4,5 % menos que las 245.000 del año anterior.
NUEVA ESTRATEGIA
La aclaración de Petro llegó apenas dos días después de que la Policía anunciara que ahora priorizará la erradicación manual y la sustitución voluntaria de los cultivos de coca, en acciones concertadas con las comunidades para luchar contra las drogas.
"Lo que estamos aplicando es la erradicación voluntaria en ciertos sitios donde hemos tenido una reunión de campo de ciertos miembros de la institución y otras entidades del Estado para motivar la erradicación voluntaria y la sustitución", dijo el nuevo director de la Policía, general Henry Sanabria, en una entrevista con el periódico El Tiempo.
El alto oficial recalcó que la decisión tomada tiene como fin garantizar la menor afectación a las personas que "deben menos en el tráfico de drogas".
EL GLIFOSATO EN COLOMBIA
La Corte Constitucional ordenó suspender hace siete años el uso aéreo del glifosato basándose en el argumento de que el herbicida puede ser cancerígeno para los seres humanos y causar además daños al medioambiente, como advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El Gobierno de Juan Manuel Santos ordenó en 2015 parar esta práctica y posteriormente, en 2017, el alto tribunal suspendió la fumigación aérea de cultivos ilícitos. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de volver a autorizar la aspersión con glifosato "que no está prohibido, ya que se usa en agricultura y jardinería, pero sí su uso por aspersión aérea" en la lucha antidrogas si el Gobierno cumple seis exigencias sanitarias ambientales.
El Gobierno de Iván Duque reabrió el año pasado la polémica, cuando aprobó una serie de decretos que regulaban las aspersiones aéreas de cultivos ilícitos y ordenaba a los ministerios e instancias pertinentes que se movieran para conseguir las exigencias sanitarias y ambientales que requería la Justicia para poder retomarlas.
Sin embargo, en enero pasado la Corte Constitucional tumbó un nuevo intento del ejecutivo de Duque para retomar las aspersiones aéreas de cultivos ilícitos con glifosato, a la vez que reafirmó la necesidad de la consulta previa en las comunidades afectadas.