Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, fue sustraído la madrugada del viernes pasado por agentes policiales del palacio episcopal provincial junto con cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, después de haber estado 15 días confinados.
La Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, consuegro del presidente Ortega, acusa al alto jerarca de intentar "organizar grupos violentos", supuestamente "con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales", aunque de momento no han ofrecido pruebas.
Álvarez, próximo a cumplir 56 años, es el primer obispo arrestado desde que el sandinista Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.
CARDENAL NICARAGÜENSE LO VIO DESMEJORADO
El cardenal nicaragüense, Leopoldo Brenes, quien visitó a Álvarez en su residencia en Managua, donde se encuentra recluido desde hace siete días, afirmó que lo vio "desmejorado".
"Si bien su condición física está desmejorada, su ánimo y espíritu están fuertes", aseguró el también arzobispo de Managua el mismo día en que Álvarez fue trasladado a la capital.
El papa Francisco expresó el domingo su preocupación y dolor por la situación en Nicaragua y pidió "un diálogo abierto y sincero" para que "se puedan encontrar la bases para una convivencia respetuosa y pacífica", aunque, en su llamado al final del rezo del ángelus en la Plaza de San Pedro, no hizo referencia al arresto del obispo Álvarez.
El Gobierno sandinista no se ha referido a ese ofrecimiento de Francisco, sin embargo, a través de su embajada en Londres, ha compartido un artículo titulado "Un obispo de Nicaragua está de rodillas, pero no para pedir perdón".
En ese artículo, la autora, la socióloga nicaragüense Magda Lanuza, asegura que Álvarez "fue uno de los líderes católicos involucrados en el violento intento de golpe de Estado en Nicaragua en 2018", que es a como Ortega califica una revuelta popular que estallaron por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que fueron aplastadas a la fuerza.
Por su lado, el abogado nicaragüense exiliado Yader Morazán explicó hoy que el obispo Álvarez "no está en casa por cárcel, ni en resguardo domiciliar", como lo ha definido la Policía Nacional, sino se que se trata de un "secuestro".
"Su secuestro se computa desde el 04 de agosto y no desde que fue trasladado forzosamente (el viernes pasado), y que ahora esa ilegalidad trasciende a otros familiares ajenos a su causa", anotó Morazán, especialista en administración de justicia y derechos humanos con enfoque de género y exfuncionario del Poder Judicial, en Twitter.
SANDINISTAS-IGLESIA: UN AÑO CONVULSO
El arresto del obispo Álvarez es el capítulo más reciente de un último año especialmente convulso para la Iglesia católica de Nicaragua con el Gobierno de Ortega, quien ha tildado de "golpistas" y "terroristas" a los jerarcas.
Este año, el Gobierno sandinista expulsó del país al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y a 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta.
También han llevado a prisión a siete sacerdotes, cerrado nueve estaciones de radio católicas y sacado de la programación de la televisión por suscripción a tres canales católicos.
La Policía también ha ingresado por la fuerza y allanado una parroquia, impedido a los feligreses recibir la eucaristía dentro del templo y sitiado a otros sacerdotes en sus iglesias.
Igualmente, prohibió a la arquidiócesis de Managua la procesión con la imagen peregrina de la virgen de Fátima.
Las relaciones entre los sandinistas y la Iglesia católica de Nicaragua han estado marcadas por roces y desconfianzas en los últimos 43 años.
La comunidad católica representa un 58,5 % de los 6,6 millones de habitantes de Nicaragua, según el último censo nacional.