El diario oficialista birmano "Global New Light of Myanmar" no hace hoy ninguna mención a las operaciones de 2017 diseñadas por el general y jefe del Ejército, Min Aung Hlaing, que en febrero de 2021 tomó el poder en un golpe de Estado.
Los militares han sumido al país en una grave crisis económica y una espiral de violencia, mientras que los rohinyás viven aún más aislados en campos de desplazados y barrios vigilados y hasta cercados con alambres de espino.
Los alrededor de 600.000 rohinyás que quedan en Birmania no tienen libertad de movimiento y ni siquiera son reconocidos como ciudadanos, al tiempo que son detenidos cuando tratan de huir del país.
EL "APARTHEID" BIRMANO
"La vida es realmente difícil aquí. La libertad de movimiento de los rohinyás está muy restringida por la junta militar", explica a Efe un rohinyá en un correo electrónico desde un aldea en el norte de Rakáin (Arakan), el estado natal de esta comunidad en el oeste del país.
Unos 120.000 rohinyás malviven en campos de desplazados en Rakáin desde los episodios de violencia sectaria en 2012, pero las restricciones de acceso a sanidad, educación y trabajo afectan también a quienes están en aldeas.
"Tras el golpe militar, la situación para los rohinyás y otros está peor día a día. El precio de los bienes y la comida está disparado", explica el rohinyá, que agrega que también han aumentado los combates entre los militares y el Ejército Arakan, una guerrilla de la minoría budista en Rakáin.
Los rohinyás llevan discriminados durante décadas en Birmania, pero las operaciones del 25 de agosto de 2017 supusieron un antes y un después en los estragos de esta comunidad, una de las más perseguidas en el mundo.
La campaña, lanzada en respuesta al ataque de insurgentes del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (ARSA) contra puestos policiales, causó el éxodo de casi 774.000 rohinyás a Bangladesh, de acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Según investigaciones de la ONU y ONG como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, los soldados violaron y asesinaron a adultos y niños y quemaron centenares de aldeas, causando unos 10.000 muertos, de acuerdo con cifras conservadoras.
La entonces líder de facto y nobel de la paz birmana, Aung San Suu Kyi, llegó a negar las atrocidades de los soldados y hasta lideró en 2019 la defensa de su país ante la Corte de Justicia Internacional, donde se acusa al Ejército de "actos de genocidio".
Pese a la condena por gran parte de la comunidad internacional, la mayoría budista de Birmania no expresaba simpatía por los rohinyás e incluso los consideraba extranjeros, llamándolos "bengalíes", a pesar de que llevan generaciones en el país y muchos llegaron a votar en las elecciones de 2010 y 2015.
Muchos birmanos cambiaron su percepción sobre los rohinyás tras el golpe, cuando la junta militar dirigida por Min Aung Hlaing empezó a usar los mismos abusos de asesinatos, violaciones y quema de viviendas contra otras comunidades del país.
Aung San Suu Kyi, que pasó 15 años en arresto domiciliario bajo la antigua junta militar, se encuentra en la cárcel y ha sido condenada de momento a 17 años de prisión por delitos que ella niega.
Ahora, el alternativo Gobierno de Unidad Nacional, formado por políticos y activistas prodemocráticos y que libra una guerra con la junta, se ha comprometido a aceptar a los rohinyás como ciudadanos.
JUSTICIA INTERNACIONAL Y REPATRIACIÓN
Tun Khin, un conocido activista rohinyá residente en Londres, señala a Efe que los procesos en la justicia internacional, incluido uno por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional contra el Ejército, no progresan o están siendo retrasados por las objeciones de Birmania.
"Para los rohinyás en Rakáin la situación es terrible. Las políticas diseñadas para hacer la vida insoportable y echarnos siguen vigentes. Se ajusta a la definición de 'apartheid' y es parte del genocidio contra mi pueblo", explica en un correo electrónico Tun Khin, presidente de la Organización Rohinyá de Birmania del Reino Unido (BROUK, en sus siglas en inglés).
El activista tampoco se muestra optimista ante la posibilidad de repatriación de los rohinyás desde Bangladesh tras los intentos fallidos en 2018 y 2019.
"Es imposible garantizar la seguridad de cualquiera que regrese, los mismos militares que llevaron a cabo los ataques genocidas de 2016 y 2017 están ahora a cargo del país y matan a civiles a diario", lamenta Tun Khin.