El caso, analizado en una audiencia celebrada por la CorteIDH en Brasilia, se refiere a Guillermo Antonio Álvarez, detenido en 1996, cuando tenía 18 años, acusado de robos y 4 homicidios cometidos en la acomodada zona norte de Buenos Aires, en la que residía.
Tres años después fue condenado a la "pena única de reclusión perpetua, más la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado", la más severa que contempla el ordenamiento jurídico argentino.
Álvarez, hoy con 44 años, declaró ante la CorteIDH en forma telemática desde la cárcel bonaerense de Villa Devoto, en la que está recluido, y dijo que 3 días antes del juicio en que fue condenado revocó a sus abogados por razones "económicas" y que no se le concedió el debido plazo legal para nombrar otros.
Explicó que la audiencia se mantuvo, fue llevado esposado ante el tribunal y representado por una defensora pública "impuesta" por el juez, que no conocía y con quien solo pudo hablar unos minutos antes del juicio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha considerado esa situación como una violación del derecho a la defensa y ha citado otras presuntas irregularidades en el proceso, como la ausencia del imputado durante la declaración de testigos y la falta de garantías para una posterior revisión de la pena.
La abogada Gabriela Kletzel, directora de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, subrayó este jueves que el Estado ya ha reconocido que presentar al acusado esposado ante el tribunal violó el "derecho a la presunción de inocencia".
También admitió fallos procesales en la etapa de recursos que generaron una "falta de efectividad", pero negó que el nombramiento de una abogada pública hubiera supuesto una violación del derecho a la defensa.
Según Kletzel, el hecho que en 1999 no se hubiera suspendido la audiencia y se designara a una abogada pública no impedía que Álvarez, en los días posteriores, nombrara a representantes "de su confianza", lo cual no hizo.
Kletzel insinuó que Álvarez podría estar intentando postergar el juicio y subrayó que, después de dictada la condena, el imputado volvió a presentar como sus abogados a los mismos que había revocado antes de la audiencia.
También aclaró, sobre los fallos en los plazos de los recursos procesales que afectaron los derechos de Álvarez, que desde junio pasado se estudia un pedido de libertad condicional, que puede ser concedida en Argentina aún en los casos de una condena a prisión perpetua.
El presidente de la CorteIDH, el uruguayo Ricardo Pérez Manrique, indicó antes de concluir la audiencia, que las partes tendrán plazo hasta el próximo 26 septiembre para presentar sus alegatos finales por escrito.